*INE no puede seguir usurpando funciones del legislativo con sus directrices: JIFL.
De la redacción
Los procesos para elegir gobernadores, diputados federales y locales y miembros de los ayuntamientos, cuya jornada de votación se efectuó ayer, enfrentaron muchos problemas en sus fases de precampaña, registro de candidatos y campaña, ocasionados por un deficiente marco jurídico específico federal y de los estados, incluyendo a los códigos penales.
La cancelación de registros a dos candidatos a gobernadores, por no rendir informes de sus gastos de precampañas; la autorización para seguir como candidata a una aspirante a gobernadora, a pesar de estar vinculada a proceso penal, son situaciones que enturbiaron el desarrollo de los procesos comiciales y crisparon la relación del Ejecutivo Federal con los órganos administrativo y jurisdiccional de la federación, que en nada contribuyó a tener un proceso civilizado, comentó Jorge Iván Frausto Leal, editorialista y articulista de “El Espectador”.
Esta situación general, detalló, más el protagonismo de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), quien inclusive en muchos casos rebasaron su ámbito de competencia y se sumaron a la causa de los partidos adversarios de Morena, y violaron la letra y el espíritu de la Constitución, pusieron de manifiesto la necesidad de otra reforma electoral integral, que incluya también cambios a las constituciones y leyes punitivas de los estados, recalcó.
Las leyes están mal, recalcó el colaborador de este semanario, y como ejemplo de ello mencionó los casos de la cancelación de los registros de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero; y de Raúl Morón, para mandatario de Michoacán, contrastado con el de María Eugenia Campos Galván, abanderada del PAN para la gubernatura de Chihuahua.
“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la autorizó a seguir con su campaña, a pesar de estar vinculada a proceso penal, enfrentar otra causa penal y una carpeta de investigación no judicializada aún, lo cual estuvo bien, porque la vinculación a proceso no indica culpabilidad comprobada y, por lo tanto, no pierde su derecho constitucional a votar y ser votada”, reconoció.
Se respetó su derecho a la presunción de inocencia, aun cuando el delito de corrupción que enfrenta está documentado, con las copias de los cheques que cobró de la nómina secretara de César Duarte, entonces gobernador de Chihuahua, del que en teoría Campos Galván era diputada opositora.
El mismo TEPJF, avaló la cancelación de los registros de los candidatos a gobernadores morenistas de Guerrero y Michoacán, decidida por el INE, por no reportar gastos de campaña por cantidades ínfimas: violaron el derecho constitucional a ser votados, basados en una ley secundaria, cuando la cancelación de la garantía constitucional a ser votado sólo puede dictarla un juez penal con una sentencia condenatoria y pena de prisión.
De esta forma, en una paradoja que debe evitarse en el futuro con una reforma electoral integral que incluya leyes locales electorales y las constituciones y códigos penales de los estados, una candidata a gobernadora, vinculada a proceso penal, con otra causa penal abierta y adicionalmente con una carpeta de investigación, puede ser votada y ganar una candidatura, mientras dos candidatos quienes solo no presentaron informes de precampaña perdieron su derecho constitucional a ser votados, abundó Frausto Leal.
Una reforma de este calado también debe fijar los límites precisos del ámbito de competencia de los consejeros, que en esta ocasión abandonaron la imparcialidad y llegaron a usurpar funciones del Poder Legislativo, de la Fiscalía General de la República y de los jueces penales al exonerar anticipadamente de delitos electorales a un candidato a gobernador por Nuevo León, sin tener facultades para ello, concluyó el editorialista de “El Espectador”.
