COMICIOS, OCASIÓN PARA EL
FIN DE DÉFICIT INSTITUCIONAL
COMBATIR CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD, POBREZA E
INSEGURIDAD, EXIGE PARTICIPACIÓN DE ESTADOS
El éxito del combate a la corrupción, impunidad, inseguridad pública, pobreza, marginación y desigualdad económica y social exige la participación decidida y eficaz de los gobiernos estatales, incluso de los ayuntamientos. El sólo esfuerzo de la Federación será insuficiente para erradicar o resolver esa problemática, extendida y enraizada, porque paradójicamente, hay intereses beneficiados con la misma.
Los problemas enumerados, como es obvio, aunque se olvide con frecuencia, se dan en los territorios estatales y municipales, por lo cual solucionarlos en sus lugares de origen no será posible si se sustraen de las acciones los gobernadores, los alcaldes y alcaldesa. Hay algunos inclusive que requieren del sector privado para superarse: limitada inversión, poca generación de empleos y baja producción y productividad.
El gobierno de la República despliega acciones para erradicar la corrupción, pero los avances en este tema obtenidos en la administración pública federal no tienen correspondencia con la situación de las autoridades estatales, donde el tráfico de influencia, las compras de bienes y servicios y contratación de obras públicas se siguen haciendo con sobreprecios, con licitaciones simuladas o adjudicaciones directas.
Estas condiciones se traducen en la transferencias ilegítima y, en no pocos casos, abiertamente ilegal de grandes montos de fondos públicos hacía las tesorerías de empresas particulares, cuyos dueños tienen relaciones de negocios o vínculos corruptos con los poderosos de los gobiernos estatales, y hasta con los propios mandatarios de las entidades federativas.
En estas circunstancias, la corrupción e impunidad no puede y se erradicará de todos los órdenes de competencia; al contrario, crecerá en las entidades federativas, como compensación por su abatimiento a escala federal. Los grandes intereses que se propiciaban y se beneficiaban de la corrupción en la federación ahora pusieron su énfasis en los estados, en donde esas prácticas se mantienen.
La inseguridad pública, a su vez, es producto del fuerte déficit de eficacia institucional en su combate, especialmente de las autoridades estatales y, más, en las municipales, por lo que si no hay voluntad política de los gobernadores por combatirla a fondo, el problema puede reducirse, como está ocurriendo en todo el país por la actuación de las fuerzas federales de seguridad, pero no se erradicará.
Puede decirse lo mismo de los requerimientos indispensable para combatir la pobreza, la marginación y la desigualdad: si los gobiernos estatales y municipales o participan en los esfuerzos federales para ese fin, esos problemas persistirán, aunque se reduzcan por las acciones de las autoridades federales.
Desde esta perspectivas, las elecciones de gobernadores y de ayuntamientos de ayer, representaron una oportunidad para al menos en 15 estados tengan mandatarios y alcaldes interesados en contribuir a resolver los problemas enumerados. Sería lamentable que fueran indiferentes ante la problemática y, peor aún, que participaran en su expansión y de fortalecimento.
