*Ex alcalde perredista, dueño del predio en la zona arqueológica.
De la redacción
La prepotencia y desprecio a las leyes por parte de los dueños del proyecto de parque ecoturístico de Teotihuacán se explican por la combinación de intereses políticos y económicos.
Vecinos de la zona atribuyen la verdadera propiedad de los 70 mil metros cuadrados donde se construía, sin autorización oficial, un parque a René Monterrubio López, un ex jefe policiaco del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.
El personaje también fue alcalde de Teotihuacán en el trienio 2013-2015, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, cuyo actual dirigente, Jesús Zambrano Grijalva, acudió a su toma de posesión, de acuerdo con información periodística de ese tiempo, y la dirigencia estatal de ese partido.
La ejecución y operación del proyecto, suspendido definitivamente, iba a requerir una gran inversión, por lo cual involucraba no sólo a los intereses políticos representados por Monterrubio López, sino también a poderosos capitales.
Las pirámides de Teotihuacán están declaradas “patrimonio cultural de la humanidad” por la UNESCO, la agencia de la ONU encargada de los asuntos educativos y culturales del mundo.
El sitio donde se ejecutaba el proyecto está vedado a las construcciones, y la decisión de ejecutar las obras revela la presencia de poderosos intereses políticos y económicos, pues fue arrogancia y desprecio a las leyes.
Eso explica también que, a pesar de que la obra fue suspendida en tres ocasiones por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el mismo número de veces fueron rotos los sellos y los trabajos continuaron.
El ex jefe policiaco de la ahora Ciudad de México buscó volver a la presidencia municipal en 2018, con el respaldo del PRD y del PAN, pero fue derrotado ampliamente por Jaime Heredia Ángeles, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El terreno quedó bardeado, limpio y con dos locales, presuntamente bodegas para los materiales que utilizarían en la construcción del parque ecoturístico, que no tenía autorización del INAH. Los trabajos de construcción fueron ilegales.
El retiro de los sellos de clausura de las obras constituye delito, como lo fueron la destrucción de vestigio arqueológicos por lo cual el organismo presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), y el 31 de mayo cerca de 300 elementos de la Guardia Nacional apoyaron a agentes del ministerio público federal en el aseguramiento del predio, en una diligencia.
Poco antes del arribo del contingente policiaco Monterrubio se encontraba en el sitio y, al parecer, conoció los motivos de la diligencia efectuada en el terreno bardeado, cuya ubicación está a menos de 800 metros de la zona de las Pirámides.
