*Se combinaron problemas laborales, sociales, sindicales y un pueblo fantasma.
De la redacción
(Primera parte)
Cuando en 1990 Carlos Salinas de Gortari, por conducto de Nacional Financiera (NAFIN), privatizó la mina Cananea y la entregó a precio de ganga a Germán Larrea, el pueblo donde vivían los 3 mil 200 trabajadores disponía de servicios básicos como gas natural, agua potable entubada, atención médica y otros apoyos proporcionados por la compañía, de propiedad pública.
Un político local sonorense, de nombre Samuel Moreno, que llegó a ser diputado federal recordó que cuando Larrea, ahora el segundo hombre más rico de México, recibió la concesión e instalaciones, dejó de pagar los servicios que recibía la comunidad, y cuando le reclamaron contestó: “yo compré la mina, no al pueblo”.
Problemas de este tipo y laborales ocasionaron todas las privatizaciones, como la de los ferrocarriles, cuyos conflictos persisten a pesar de haberse enajenados en el gobierno de Zedillo.
A 31 años de esa operación concretada con graves violaciones a la Ley Federal de Trabajo y a la Ley de Quiebras, y a cerca de 14 años de estar en huelga, el conflicto en Cananea sigue presentándole diversos problemas al gobierno de la cuarta transformación.
La empresa, emblemática por ser escenario de una huelga que en 1906 terminó en la masacre de 21 mineros muertos y decenas de heridos por tropas de Estados Unidos, y fue de los acontecimientos graves previos al Estallido de la Revolución Mexicana, tiene deudas con los trabajadores, con el IMSS, Infonavit y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sólo una parte de los mineros estaban afiliados al Seguro Social, mientras el resto recibía atención médica en un hospital (de Ronquillo), pagado por el Grupo México de Larrea.
Mientras tanto, la huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo, emplazada y estallada por el Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, cumplirá el 30 de julio próximo 14 años, y sin visos de solución.
La suspensión legal de actividades ocurrió después de que los accidentes desde 1990 a julio de 2007 ocasionaron 70 muertos y decenas de mutilados, por la falta de medidas de preventivas, de higiene y seguridad, lo cual Germán Larrea no quiso corregir. Además, con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, promovió la firma de un nuevo contra colectivo de trabajo con un sindicato patronal o “blanco”.
El problema debe resolverlo ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en una cruel paradoja, porque es enemigo de la privatización de empresas públicas, como fue la política seguida por los gobiernos neoliberales desde 1982.
Debe atender a los trabajadores de la tercera edad que no cotizaban al IMSS y, consecuentemente, no generaban derecho de antigüedad, ni a jubilarse con una pensión. Legalmente nunca fueron derechohabientes del organismo.
La Mina Cananea tiene adeudos también con el INFONAVIT, por los mismo motivos, pero lo más grave es que Germán Larrea no tiene el menor interés en poderle fin a la huelga, que convirtió a Cananea en un pueblo fantasma.
