*El “outsourcing” perjudicó a trabajadores, IMSS, SHCP e INFONAVIT.
GABRIEL L. VILLALTA
La generalización de la subcontratación en el mercado mexicano del trabajo, conocido como “outsourcing”, perjudicó severamente los niveles de bienestar de los asalariados y sus familiares, pero también a las finanzas públicas, al IMSS y al INFONAVIT. La mejor prueba es la reducción del monto de las participaciones en las utilidades de las empresas.
Fue y es todavía tan pernicioso ese modelo de negocio, legalizado durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que el propio Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la organización cúpula de los organismos cúpulas de la iniciativa privada, por conducto de su presidente, Carlos Salazar Lomelín, consideró nefasta su práctica.
El líder empresarial fue más allá. Dijo que quienes dañaron las condiciones laborales de los asalariados también perjudicaron a los verdaderos empresarios, porque les formaron mala imagen ante la sociedad. Este sistema de intermediación en el mercado laboral fue prohibido con la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a 7 legislaciones más.
En cuatro meses más todas las empresas que utilizaban al “outsourcing” deberán regularizar las relaciones laborales con el personal a su servicio y que contratan a otras compañías.
El “outsourcing”, cuyo término poco o nada dice a quienes viven de vender su fuerza de trabajo, consiste en el reclutamiento y contratación de personas, para luego alquilarlas a otras empresas, con un trato de mercancía, con bajos salarios, pero adicionalmente inscritos en el IMSS e Infonavit con un ingreso menor, con lo cual los condenaban a jubilarse con pensiones ínfimas.
Por no pertenecer a los centros de trabajo donde laboraban, sino a las subcontratadoras, no tenían derecho a crear antigüedad, ni a participar en las utilidades de las empresas, porque legalmente no pertenecían, ni tenían relaciones laborales con a esas compañías.
Por los bajos salarios y el ingreso menor con que las empresas del sistema “outsourcing” los registraban, perjudicaban a los trabajadores, pero también afectaban al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque cobraba menos cuotas obrero-patronales de las debidas; al Infonavit, por la misma razón; y al Sistema de Administración Tributaria (SAT), por el pago de menores impuestos. Inclusive es delito de evasión fiscal.
El impacto fue terrible en los niveles de bienestar, que por todos los aspectos perniciosos, el conjunto de las empresas repartían en promedio 2 mil 700 pesos anuales por utilidades a cada uno de los 21 millones de trabajadores de la economía formal, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En 2019, cuyas utilidades se repartieron en el 2020, los asalariados recibieron globalmente 56 mil millones de pesos, cuando tan sólo los 46 bancos debieron cubrir 18 mil millones de pesos. Y los patrones registrados en el IMSS se aproximan al millón. Con la reforma se garantiza un reparto de utilidades de 157 mil millones de pesos para este año, a repartirse en el 2022.
