*El ministro en retiro José Ramón Cossío escribió un libro sobre el tema.
De la redacción
En su odio a la juventud y desmesurado anticomunismo -tipo FRENAA-, el presidente Gustavo Díaz Ordaz pervirtió a las instituciones de justicia del país para reprimir penalmente a los estudiantes participantes, inventándole delitos y echándoles encima al Estado Mexicano.
Eso se desprende del libro “Biografía Judicial del 68”, escrito y publicado recientemente por el ministro en retiro, José Ramón Cossío, joven universitario en aquellos años de represión a los estudiantes que reclamaban libertades y democracia.
Con el motivo de la publicación de su libro, el jurista ha formulado muchas declaraciones, y reveló actos gubernamentales represivos física, constitucional e institucionalmente y violatorios del Estado de Derecho.
José Ramón Cossío recordó cómo en las primeras semanas del movimiento estudiantil de 1968 se efectuaron detenciones de alumnos con abiertas violaciones a la legalidad, porque esas capturas se hicieron sin órdenes de aprehensión, ni en flagrancia, las únicas figuras jurídicas penales que permiten privar de su libertad a una persona.
A medida que creció y se fortaleció el movimiento estudiantil, sostuvo el ministro en retiro, “el presidente Díaz Ordaz optó por darle un cariz legal a la represión y también violentando el Estado de Derecho, utilizó a la Procuraduría General de la República (la desaparecida PGR) para armar expedientes con cargos falsos, consignados ante los jueces, quienes sin ningún análisis jurídicos, por consigna, expidieron órdenes de aprehensión”.
Acusaron a los estudiantes de sedición, instigación a la violencia, disolución social y muchos otros delitos, que nunca se probaron ni se podía, porque eran inventados, recordó el ministro en retiro, como se les dice a estos funcionarios cuando ya están jubilados.
EL CASO HEBERTO CASTILLO
Los señalamientos del ex miembro del cuerpo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va en el mismo sentido de lo que en una conferencia de prensa narró un día el ingeniero Heberto Castillo, uno de los dirigentes de los académicos participantes en el Movimiento de 1968.
Destacó que él fue detenido y sujeto a proceso penal por una serie de cargos inventados por el ministerio público y dados por buenos por los jueces, entre los cuales había dos delitos que hubieran sido risibles, sino hubiesen formado parte de la acusación formal y vía para la represión política.
Le hicieron dos cargos por usurpación de funciones: uno de ellos, nada menos que de usurpación de funciones del presidente de la República, porque el 15 de septiembre dio el “Grito” en Ciudad Universitaria.
El otro, por usurpar funciones del registro civil. Consistió en que en una reunión de los participantes en el movimiento estudiantil buscaron formas de entretenerse y organizaron una especie de kermés, en el cual se casaron parejas, y a Castillo atribuyeron haberla hecho de juez en esa kermés, y el juez dio por acreditado el delito y giró orden de captura al prestigiado académico.
