De la Redacción
Silvano Aureoles Conejo, el saliente gobernador de Michoacán, denuncia públicamente que el candidato a gobernador electo de Morena, Alfredo Ramírez, fue impuesto por la delincuencia organizada.
No se da cuenta que con sus acusaciones, publicadas profusamente en los medios, se incriminan él mismo porque si hay delincuencia organizada operando en su estado, él la protegió o toleró o, lo más grave, no la persiguió ni anuló durante los seis años de su mandato.
Es infantil pensar o suponer que los criminales hayan alcanzado tanto poder como para imponer a un gobernador de la noche a la mañana. También lo sería sugerir que lo adquirieron a partir de septiembre de 2020, cuando iniciaron los procesos electorales o, peor aún, el 5 de junio de este año, en vísperas de las elecciones.
En todo caso y aún pretendiendo creer que lo anterior fue posible, eso no explica qué hizo durante ese tiempo, ni el por qué no dio cuenta de las maniobras de la delincuencia para imponer a su sucesor, lo cual debieron informale sus servicios de inteligencia y los encargados de la seguridad pública en ese estado. Él, a su vez, debió informarlo oportunamente a las autoridades judiciales y electorales correspondientes, no a ‘toro pasado’.
Además, no presenta prueba alguna, y aunque por ahí circula un video en ese sentido, nadie puede certificar que sea real ni que corresponda a Michoacán.
