*Raymundo Martínez también debe depurar la nómina y sacar a 273 “aviadores”.
De la redacción
Antes de entrar en funciones el nuevo ayuntamiento de Toluca, que encabezará Raymundo Martínez Carbajal, la inseguridad pública hará crisis: las patrullas, automóviles, camionetas pick-up y motocicletas deberán devolverse a sus dueños, porque no son propiedad de la comuna, sino rentadas a un precio exorbitante.
El contrato de prestación de servicios, de acuerdo con la información del propio ayuntamiento toluqueño, llegará a su fin semanas antes de concluir el actual trienio de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, por lo cual la policía no tendrá como movilizarse.
Las autoridades salientes explicaron que cubrirán el monto del contrato (200 por ciento más de los que hubiera gastado si hubiese comprado las unidades), pero no informaron de una posible renovación o de un plan de contingencia al respecto.
No obstante, el problema no consiste en la falta de pago del contrato de renta de patrullas, sino en que la empresa propietaria recogerá sus unidades, y los uniformados tendrán que patrullar a pie, con todos los inconvenientes para la prevención de los delitos y el derecho constitucional de la población a la seguridad e integridad física.
La ciudadanía toluqueña desconoce esta realidad, que tal vez pudo solucionarse, aunque con gran sacrificio presupuestal, si Juan Rodolfo Sánchez Gómez hubiera triunfado, pero perdió su reelección y dejará el problema o heredará otro contrato leonino.
La situación se complicará porque Raymundo Martínez Carbajal, como los otros 124 triunfadores de las elecciones municipales, permanecerá en calidad de alcalde electo durante medio año, y antes no tendrá facultades constitucionales, ni legales para tomar decisiones sobre las patrullas rentadas por Sánchez Gómez y que deben regresarse a sus dueños.
TIEMBLAN “AVIADORES”
Otro problema delicado que Martínez Carbajal deberá resolver es el de los 273 “aviadores” que cobraban en el ayuntamiento, según lo denunciaron hace semanas los coordinadores de la campaña del priista.
Ese grupo de hombres y mujeres que dañaron las finanzas municipales representaron un desvío de fondos públicos municipales por 60 millones de pesos anuales, y a estas alturas el daño debe rondar los 150 millones de pesos.
No será difícil darlos de baja, el problema es que no haya acciones penales contra quienes causaron perjuicio al patrimonio municipal; es decir, los “aviadores” y los que los autorizaron a cobrar sin trabajar. Nadie reparará el daño.
