*No hay reclamos por el atentado contra la libertad de expresión que significó el espionaje a periodistas.
Maximiliano Castillo R.
El gobierno de Enrique Peña Nieto le pagaba a periodistas famosos millones de pesos, algunos con factura y otros en efectivo: los tenía comprados, pero de todos modos los espiaba, según la información difundida por las autoridades federales.
De los pagos mucho se había informado ya, desde montos hasta nombres, y los informadores señalados como beneficiarios de ese dispendio nunca han explicado ni justificado el motivo de ese beneficio, si no ilegítimo sí inmoral; en cambio se han constituido en abiertos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T, quienes les suprimieron esos beneficios y argumentan ataques a la libertad de expresión por parte del gobierno federal a la menor provocación o sin ella.
Ahora que se ha dado a conocer el alcance del espionaje que el gobierno de Peña Nieto realizó sobre activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, además de políticos opositores, en lo que les corresponde no han armado una campaña para reclamarle al anterior gobierno el ataque a la libertad de expresión, ni el comportamiento autoritario de ese gobierno peñista que tanto les benefició, como se dijo, los tenían comprados.
Por cierto, llama la atención que en el grupo de destacados periodistas de todo el mundo, quienes investigaron los casos de espionaje del software “Pegasus” en muchos países, hayan invitado a colaborar a Carmen Aristegui y a Omar Fierro, y no a periodistas como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Raymundo Riva Palacio, Carlo Loret de Mola u otros muy conocidos.
