GRANDES EMPRESARIOS, SIN
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CONCENTRAN LA RIQUEZA NACIONAL 12 MIL GRANDES
EMPRESAS: NO PAGABAN IMPUESTOS Y VIOLABAN LEYES
Organizaciones mundiales dedicadas a estudiar temas de economía, desarrollo, pobreza, ingresos y condiciones de bienestar de las naciones ubican a México entre los de mayor desigualdad económica a escala mundial. Sus efectos se expresan en más del 70 por ciento de mexicanos imposibilitados para adquirir con sus salarios la canasta alimentaria recomendable.
No se trata de un castigo divino o de mala suerte para la mayoría, ni mucho menos falta de disposición al trabajo o de esfuerzo de las masas, sino es resultado de la combinación de un modelo económico que durante 36 años (1982-2018) privilegió a las élites y abandonó a la mayoría. El gobierno del país operó casi en exclusiva para la concentración del ingreso en pocas manos, expandiendo pobreza y miseria entre millones de mexicanos.
La cúpula de la iniciativa privada, a su vez, se peleó a muerte con el sentido de la responsabilidad social de las empresas. En lugar de mostrar solidaridad con el país y sus trabajadores, dejó de pagar impuestos sobre utilidades y cubrieron salarios de sobrevivencia, en una explotación al sector público y a la mano de obra. La nota principal de portada de esta edición de “El Espectador” es ilustrativa de la insensibilidad y voracidad de la mitad de los grandes empresarios
El saqueo fue por partida doble: al fisco y a los asalariados, y eso explica las descomunales fortunas acumuladas entre 1982 y 2018, pero más en los primeros 18 años de este siglo, en los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Las pruebas de esta realidad están a la vista: como presidentes de la República Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto les perdonaron en 7 años a un segmento de poco más de 6 mil de los grandes contribuyentes nacionales y extranjeros 412 mil 258 millones de pesos de impuestos que estaban obligados a pagar por sus utilidades.
Para dar una idea de cuánto representó para las finanzas públicas ese perdón fiscal por tráfico de influencia en favor de las grandes corporaciones empresariales del país y del extranjero, basta recordar que el presupuesto de egresos del gobierno estatal para este año es de menos de 310 mil millones de pesos, y que los gravámenes perdonados pudieron alcanzar para comprar 413 mil 258 viviendas de un millón de pesos cada una y regalarlas a igual número de familias o a 826 mil 506 mexicanos obsequiarles casas de medio millón de pesos.
La descomunal pérdida para el erario, sólo por este perdón fiscal, resulta más grave por cuanto evidenció la falta de responsabilidad social de esos grandes empresarios: los 413 mil 258 millones de pesos que debieron pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondían a gravámenes sobre ganancias; es decir, ya descontados sus costos y deducciones legítimas y no legítimas.
Por ello no es exagerado sostener que durante esos 36 años México fue de facto un paraíso fiscal para los dueños del dinero, la mayoría de los cuales se enriqueció hasta lo ofensivo para los mexicanos, con privilegios recibidos de los gobiernos, no tanto por ser eficaces o talentosos empresarios.
