*Se resolvió una de las irregularidades detectadas por la ASF en la UAEM.
De la redacción
Será una ex funcionaria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) quien repare el daño por 10 millones de pesos que sufrió la Federación en una de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados Federal, en la ejecución de un contrato de prestación de servicios.
El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la sanción impuesta por el citado órgano de fiscalización a Laura Elena del Moral Barrera en enero de 2019, por lo que debe devolver al gobierno de la República esos 10 millones de pesos.
La resolución de la autoridad jurisdiccional en materia administrativa federal (los fondos involucrados fueron del gobierno de la República) no involucró para nada a la Máxima Casa de Estudios mexiquense.
Este problema ocurrió en el marco de la “Estafa Maestra” y se generó en año 2013, cuando la involucrada era directora de Recursos Financieros de la UAEM y firmó un documento con representantes de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) federal, en tiempos de Rosario Robles Berlanga, ahora detenida por la “Estafa Maestra”, era titular de esta dependencia.
El contrato suscrito en enero de 2013, por 50 millones de pesos para todo ese año, fue por el servicio de acompañamiento que prestaría la Universidad dentro de la operación del programa de atención a la población jornalera agrícola.
En noviembre, un mes antes de finalizar el contrato, se firmó un convenio modificatorio para aumentar la suma 10 millones de pesos más; es decir, al final el monto fueron 60 millones de pesos.
El fallo no se refiere a los 50 millones de pesos del contrato original, sino sólo a la ampliación de 10 millones, y la irregularidad detectada consistió en que esta última suma se acreditó con una factura expedida por una empresa, pero correspondiente al año 2012; es decir, un año antes de que en teoría se prestaron los servicios.
Adicionalmente del importe del documento pagado poco más de un millón 650 mil pesos fueron para la empresa que facturó y el resto, más de 8 millones 300 mil pesos se tomaron como comisión.
La ahora exfuncionaria no cumplió con su obligación de vigilar la correcta aplicación de los fondos federales, por lo cual fue sancionada económicamente. Apeló la sanción, pero este mes el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó y dejó obligada a la ex servidora universitaria a reembolsar la suma mencionada.
