*Se ampararon y argumentan la libre competencia, pero operan con subsidios.
GABRIEL L. VILLALTA
Aun con una reforma constitucional, la iniciativa privada seguirá manteniendo 46.0% del mercado nacional de energía eléctrica. No obstante, desean elevar esa participación y, de ser posible, lograr el retiro del Estado Mexicano de la actividad, como se lo habían ofrecido los gobiernos neoliberales.
En 1988 la Constitución Federal prohibía la participación de empresas privadas en la generación y comercialización de energía eléctrica. No obstante, sin oposición, ni escándalos mediáticos, Carlos Salinas de Gortari modificó leyes secundarias, para otorgar permisos para la generación del fluido eléctrico por particulares, amparada en la figura de “para autoconsumo”; es decir, para satisfacer sus necesidades.
Los cambios legales violaron la Máxima Norma del país, pues no se modificó para permitir esos cambios a leyes secundarias. Los constitucionalistas callaron ante el atropello a la Carta Magna. Nada dijeron. No hicieron escándalo, ni criticaron la violación al marco constitucional, de acuerdo con un recuento de “El Espectador”.
Posteriores cambios legales, hasta llegar a las reformas constitucionales, permitieron la generación de energía eléctrica con excedentes; es decir, ya no para el autoconsumo, como ocurría antes.
Mediante contratos leoninos la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aceptó convertirse en cliente cautiva de las generadoras privadas de energía eléctrica: quedó obligada a comprarles, no ya los excedentes, sino no todo cuanto produjeran, para lo cual paralizó sus propias plantas, pues los compromisos contractuales establecieron que primero debía distribuir la energía comprada y ya después la propia.
La empresa pública tenía y tiene capacidad para generar toda la luz (como se le dice popularmente a la energía eléctrica), pero como los contratos la obligaban a comercializar primero aquella de empresas privadas, abandonó sus plantas generadoras, especialmente las hidroeléctricas.
Por si las ventajas para los particulares no fueran suficientes, la CFE quedó comprometida a facilitarles, a título gratuito, sus líneas de conducción y distribución del fluido eléctrico a los grandes clientes de las generadoras particulares, quienes se disfrazan de socios de organizaciones de autoconsumo, precisamente para recibir los subsidios que representa el uso sin costo de la infraestructura de conducción y distribución de la empresa pública.
En este escenario el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada por el Legislativo, pero antes de entrar en vigor un juez concedió a un quejoso una suspensión provisional, y luego se convirtió en definitiva (fase previa al otorgamiento o negativa de la solicitud de un amparo), para frenar la entrada en vigor de esos cambios legales.
Lo extraño es que el juez de amparo adujo que debía protegerse a la libre competencia, cuando no hay libre competencia desde el momento en que las empresas privadas generadoras de energía eléctrica no invirtieron en infraestructura para conducir y comercializar su energía para competir, y utilizan la de la CFE sin pagarle nada, es decir, subsidiadas y con pérdida para la empresa pública -propiedad de la nación y, por ello, de todos los mexicanos- que entre 2013 y 2020 representó más de 471 mil millones de pesos, traducidos en ganancias para los particulares.
