VIOLAN DERECHO CONSTITUCIONAL DE MEXICANOS
A ESTAR BIEN INFORMADOS, MENTIRAS DE PERIODISTAS
MAXIMILIANO CASTILLO R.
La presidencia de la República decidió crear una sección especial dentro de las conferencias diarias del presidente Andrés Manuel, para exponer a medios informativos y periodistas que difundan mentiras sobre los asuntos del Poder Ejecutivo Federal; es decir, una especie del informe “Quién es quién en los precios de las gasolinas”, presentado cada lunes en la misma conferencia por la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
La medida generó severas críticas de parte de la antes llamada “gran prensa” y sus editorialistas, articulistas y columnistas y de conductores de los noticieros de radio y televisión, casi todos opositores al tabasqueño, a Morena y, especialmente, a los objetivos de la cuarta transformación. La consideraron intimidatoria y una amenaza para la libertad de expresión.
El mandatario defendió la decisión y la consideró propia de un régimen de libertades y del derecho de las instituciones a desnudar las mentiras deliberadas publicadas en su contra, con el fin de debilitarlas, además de recordar que las empresas propietarias de medios informativos impresos y electrónicos y su periodistas más conocidos están muy enojados porque la presidencia de la República dejó de entregarles cada año 20 mil millones de pesos.
El presidente López Obrador reiteró su señalamiento de que, adicionalmente, las empresas propietarias de diarios, radiodifusoras vendían con excesivos sobreprecios bienes y servicios al gobierno federal, construían obras y se enriquecían a la sombra del poder, como parte del reducido número de grandes compañías privilegiadas por anteriores gobiernos neoliberales.
Resulta interesante y útil el debate, pero tanto el presidente López Obrador como sus detractores pasan por alto que debería ser prioritario en la polémica sobre los medios, quienes al mentir y ser descubiertos pierden confianza y credibilidad de la opinión pública y se desprestigian, al igual que sus periodistas. El problema de las mentiras de los diarios y noticieros de radio y televisión tiene efectos más graves para la sociedad mexicana.
Al difundir mentiras en forma sistemática, la prensa viola el derecho constitucional de los mexicanos a estar bien informados, porque esa garantía se anula con la desinformación inducida, la confusión, la manipulación y la presentación alterada de la realidad, precisamente por parte de medios informativos, quienes deberían hacer realidad esa garantía de primer orden.
Las autoridades están obligadas a informar con amplitud, oportunidad y veracidad sobre sus actividades y resultados, y sobre todo cuanto interesa a sus gobernados, pero no puede cumplir con esta obligación si diarios, noticieros de radio y televisión incumplen su responsabilidad profesional y social de informar con veracidad; mucho menos si, en su empeño de recuperar sus privilegios ilegítimos o francamente ilegales, mienten. Sobre ello debe debatirse.
