Macario Lozano R.
Si no fuera porque implica una situación muy grave en una institución relevante, lo ocurrido ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sería surrealismo puro, pero la remoción del presidente, José Luis Vargas Valdés agregará más desprestigio a la institución encargada de vigilar la legalidad de los procesos comiciales.
Los magistrados de ese órgano jurisdiccional autónomo en materia de elecciones hicieron válida aquella creencia derivada de la sabiduría popular de que “cuando se pelean las comadres salen a relucir muchas verdades”.
Cinco de los 7 magistrados removieron de la presidencia a Vargas Valdés, y en su lugar designaron al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Lo acusaron de graves irregularidades y de proceder sin tomar en cuenta a los demás integrantes de esa autoridad colegiada. El depuesto es, también, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por un depósito en su cuenta bancaria por casi 65 millones de pesos.
Al ser removido, Vargas Valdés acusó a sus 5 compañeros de ser golpistas y responsables de la ruptura constitucional y legal en el TEPJF, con el “albazo”, porque no tienen facultades legales para desconocerlo, ni existe la figura jurídica de “remoción”, y no la aceptó. Insistió en que el sigue siendo el presidente del tribunal.
Además, los acusó de practicar el nepotismo, pues aseveró que los magistrado han incorporado a las nóminas del Tribunal a familiares, inclusive a familias completas. Y anticipó que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que intervenga y resuelva el problema.
El asunto se agrava porque el Tribunal sigue desahogando los recursos presentados por partidos y coaliciones por presuntas irregularidades en los procesos electorales federales y locales de este año.
