*Partidos reciben dinero según sus votos, pero el monto total es por la lista nominal.
De la redacción
(Primera parte)
La alta participación electoral en las contiendas por la Cámara de Diputados Federal (52.6 por ciento) redujo el costo de cada sufragio, pero la base establecida para determinar el monto de las prerrogativas a cada uno de los partidos distorsiona y encarece los procesos comiciales.
Esa base es el número total de integrantes de la lista nominal de electores, y para estas elecciones fue de 93 millones 528 mil 473 ciudadanos, de acuerdo con un análisis comparativo a los montos de las prerrogativas entregadas y los votos conseguidos por los partidos.
Para entender mejor la situación es necesario recordar que la votación, afortunadamente alta para una elección intermedia, llegó a 48 millones 874 mil 040, pero se abstuvieron de acudir a las urnas otros 44 millones 654 mil 433 mexicanos con credencial de elector vigente.
Los partidos, en cambio, para el próximo proceso electoral, para el que la entrega de dinero será determinada por la votación de este año, recibirán prerrogativas como si hubieran motivado la participación del ciento por ciento de los electores; es decir, de los más de 93 millones.
El monto total repartible a las organizaciones políticas se divide en varios conceptos, pero son dos los de mayor peso: el de actividades ordinarias y el de gastos de campañas. Y para este año por esos conceptos les correspondieron 5 mil 260 millones y mil 575 millones, en números redondos, respectivamente.
De ese monto global, en una situación que tampoco toma en cuenta el peso numérico de cada organización política, ni su eficacia o ineficacia en la búsqueda del voto, el 30 por ciento se distribuye en forma equitativa.
El Instituto Nacional Electoral (INE) entrega ese 30 por ciento en partidas iguales a todos los partidos con al menos 3.0 por ciento de los sufragios válidos; es decir, puede otorgar y otorga lo mismo a la organización política cuya votación previa fue de 45 por ciento de la total, que a otra que con mucha dificultad llegó al tres por ciento.
Esta situación propicia que muchos partidos tengan interés solo por alcanzar el porcentaje mínimo de votación, pues con eso obtienen mucho dinero sin esforzarse demasiado, aportando muy poco a la democracia mexicana,
Con todo, el mayor encarecimiento de los procesos electorales federal y estatales ocurre porque el monto global de las prerrogativas se calcula con base en el número total de electores en la lista nominal, no por los sufragios depositados en las urnas en las elecciones previas.
El costo de las contiendas se abarataría hasta un 50 por ciento con una reforma constitucional y legal que incorpore el criterio de la votación emitida para calcular las prerrogativas, y no solo el número de electores de la lista nominal. Es absurdo y no tiene justificación que, en tiempos de crisis económica, los partidos reciban dinero público como si llevaran a las urnas a los más de 93.5 millones de votantes, y no a los menos de 48.9 millones que les dieron su apoyo.
Pero este sinsentido se entiende porque son los partidos representados en el Congreso de la Unión quienes aprueban las leyes en la materia, y se benefician con las prerrogativas, pero las organizaciones políticas no tienen por qué recibir dinero por los casi 44.7 millones de mexicanos que no votaron, pues no confían ni creen en ellos.
