“LAS MAÑANERAS”, POR OBLIGACIÓN LEGAL DE
INFORMAR, Y PARA CONTRARRESTAR MENTIRAS
MAXIMILIANO CASTILLO R.
Las conferencias matutinas que de lunes a viernes ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional recibieron desde un principio el hostigamiento de los grandes medios informativos y sus periodistas, después de cancelárseles la entrega de 10 mil millones de pesos anuales facturados y una suma mayor en efectivo, sin facturas, ni pago de impuestos.
Entre ambas modalidades la presidencia de la República cubría más de 20 mil millones de pesos cada 12 meses; es decir, como aquí se ha informado, un monto superior al que costaron las vacunas anticovid 19 o al gasto de 5 años de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), cuya matrícula se aproxima a los 95 mil alumnos.
La incomodidad de los dueños de los medios informativos impresos y electrónicos y de sus periodistas excluidos del reparto de dinero de la presidencia con las conferencias los condujo a denominarlas en forma despectiva “las mañaneras”, lo cual al final resultó contraproducente: se popularizaron con esa denominación.
En todos los grandes medios informativos, con las excepciones de regla, y desde los partidos opositores al presidente, a su partido y proyecto de un nuevo modelo de país, se ha presionado para que se supriman las conferencias, pero al mismo tiempo sostienen que no despiertan interés en los mexicanos.
Intelectuales beneficiarios de la corrupción del pasado reciente también incurren en contradicción, porque sostienen que las críticas y desmentidos del mandatario a las mentiras son desproporcionados, por el peso de la investidura presidencial, pero ahora que una modesta servidora pública se encarga de presentar la sección “Quién es quién en las mentiras”, critican se trate de alguien sin jerarquía.
En el fondo, no toleran que el propio presidente de la República informe de los resultados de sus actividades y, al mismo tiempo, denuncie las mentiras de los grandes medios informativos y sus periodistas estrella sobre la situación del país, porque no estaban acostumbrados a los desmentidos públicos y les iba muy bien cuando la información falsa se examinaba en privado.
Eso fue, precisamente, lo que permitió al poder fáctico mediático someter a los presidentes de la República en este siglo; y de ahí para abajo, a todos los altos funcionarios de los tres poderes de la Unión. Los dueños de las corporaciones empresariales del ramo tenían intimidadas a las instituciones, porque una campaña en contra de quienes las representaban los destruía, precisamente, porque no había manera de desnudar las mentiras y sus intenciones.
Lo cierto es que todas las autoridades están obligadas constitucionalmente a informar a los gobernados con oportunidad, veracidad y suficiencia, porque eso le da vigencia a su derecho a estar informados, pues de otra forma no lo estarían, dada las noticias falsas y comentarios que se hacen a partir de las mentiras presentadas como verdades por los grandes medios informativos, los cuales en su casi totalidad nunca han hecho periodismo de cara a los intereses de los lectores, televidentes y radioescuchas, sino a favor del poder público federal, del cual ahora son o actúan como opositores; y el de los grandes intereses económicos, de los cuales forman parte las empresas mediáticas.
