*Exigían posponer hasta enero el fin del “Outsourcing” o subcontratación.
GABRIEL L. VILLALTA
Senadores y diputados federales del PRI, PAN y PRD intentaron extender la subcontratación de más de 5 millones de trabajadores mexicanos, ese sistema de explotación extrema conocido como “Outsourcing”, autorizado por la reforma laboral de Felipe Calderón Hinojosa, en vigor desde 2013.
La subcontratación consiste en el reclutamiento de millones de trabajadores o la transferencia de asalariados que ya prestan servicios a una empresa en forma directa, quienes pasan a pertenecer a una tercera, la cual -aunque suene feo- los alquila o renta a otra, con renuncia a muchos de sus derechos laborales.
Los resultados de la maniobra legal se expresan en que las empresas, a las cuales sirven millones aún, no tienen relación laboral con los subcontratados, ni les proporcionan las prestaciones de ley. Entre los principales perjuicios para los asalariados están: no generan antigüedad en las compañías ni tener derecho al reparto de utilidades.
Está también el perjuicio representado por la filiación al IMSS con salarios menores (aunque esto lo hacen también muchas empresas empleadoras directas) a los reales, lo cual afectará el monto de sus pensiones cuando se jubilen.
A pesar de esta explotación o semiesclavitud laboral, los tres partidos del bloque opositor “Va por México” exigieron que el decreto que pone fin al “Outsourcing” y debió entrar en vigor el 31 de julio pasado, fuera pospuesto hasta el primero de enero de 2022.
El decreto otorgó un plazo de tres meses para que las empresas incorporen el personal de las intermediarias a sus nóminas, pero las omisas todavía tendrán todo este mes para cumplir.
En la práctica tendrán tres meses y 7 días para asumir sus responsabilidades patronales abandonadas con el “Outsourcing”, y la imposibilidad de cumplir el plazo, que aducían el PRI, el PAN y el PRD no tenía sustento, porque las compañías responsables en menos de 3 meses incorporaron a sus nóminas a más de 2.5 millones de trabajadores.
Los tres partidos querían mantener esa explotación de la subcontratación durante todo el año, en beneficio de la clase patronal y en contra de los intereses de 5 millones de trabajadores.
Entre los argumentos esgrimidos para justificar un mayor plazo destacaba el que, sin la extensión hasta enero de 2022, se perderían 3 millones de empleos al servicio de compañías “Outsourcing”, pero diputados de Morena explicaron que esas intermediarias en el mercado laboral no generan empleos, ni cuentan con infraestructura productiva. Casi todas disponen sólo de una oficina y menos de 5 empleados, no registrados en el IMSS.
Desde esos despachos ayudan a grandes empresas a evadir sus responsabilidades patronales, pero también a un sinnúmero de empresas vínculadas con personajes de la política y que trabajan para gobiernos estatales, municipales y otros poderes del estado, al prestarse para que se les transfieran los trabajadores que deben ser contratados directamente por los centros laborales, como lo serán ahora a partir del primero de septiembre próximo.
