AMM Y EDILES, OBLIGADOS A
RENDIR BUENOS RESULTADOS
EL NIVEL DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN LO
DETERMINA EL DESEMPEÑO DE SUS GOBIERNOS
Los numerosos, grandes y graves problemas nacionales de los estados y los municipios crecieron, se tornaron complejos y se acumularon por una mezcla negativa de ineptitud, corrupción y desinterés en frenarlos, revertirlos y erradicarlos por parte de la abrumadora mayoría de los presidentes de la República, gobernadores y presidentes municipales.
No actuaron con oportunidad, eficacia, eficiencia ni honestidad, porque no les importó atender las necesidades de obras y servicios de sus gobernados. Les interesó sobremanera alcanzar el poder para beneficiarse y enriquecerse con actos de corrupción, lo cual explica el agravamiento de los problemas de pobreza, marginación, inseguridad pública, alta incidencia delictiva e impunidad,
La desatención al pueblo por parte de los gobernantes de los tres ámbitos de competencia se acentuó durante los gobiernos neoliberales, pues los anteriores corruptos que ejercieron el poder tenían vínculos directos y cercanos con los gobernados y les interesaba atender sus problemas, lo cual no ocurrió ya durante el periodo neoliberal y, menos, en este siglo.
La principal motivación para conquistar la presidencia de la República, las gubernaturas y alcaldías fue la obtención de riquezas ilícitas, tomando al país, los estados y municipios como botín para saquear, junto con sus cómplices del grupo privilegiado de amigos de los poderosos.
Los corruptos procedieron como delincuencia organizada en contra de los intereses de la sociedad, y actuaron con las agravantes de premeditación, porque Carlos Salinas de Gortari modificó las leyes para que las diversas modalidades del saqueo al patrimonio de los mexicanos dejaran de ser delitos graves.
Tenía planeado saquear al país sin riesgo de ir a la cárcel en caso de detectarse sus actos de corrupción. El saqueo de fondos públicos y la entrega de bienes públicos federales a los allegados es ahora delito grave y amerita prisión oficiosa, pero sólo para funcionarios federales.
En los estados, incluyendo el de México, la corrupción en sus diversas formas no es delito grave, lo cual debe subsanarse, para que quien se enriquezca ilícitamente desde el servicio público sea castigado con pena de cárcel y se le confisquen los bienes obtenidos con recursos de procedencia ilícita.
En este escenario, la sociedad mexiquense debe exigirle al gobernador, a los alcaldes salientes y a los próximos, que trabajen intensamente, con eficacia y honestidad y ofrezcan buenos resultados, porque la corrupción, la ineptitud, el ejercicio patrimonialista del poder público en beneficio propio y de amigos y cómplices no deben tolerarse más, y menos ver con indiferencia lo que está ocurriendo.
