De la Redacción
No hubo campañas mediáticas, de nado sincronizado, ni críticas despiadadas cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo tomó la decisión, en 1998, de convertir en deuda pública las deudas privadas de los más ricos de México, con la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Esta acción fue un verdadero robo en desplobado, del que se beneficiaron las empresas dueñas de diarios impresos y noticieros de radio y televisión.
De entonces a la fecha se ha pagado más de un billón de pesos en intereses a los bancos, siendo que cuando estalló el problema de la falta de pagos a las instituciones bancarias, derivada de la crisis de 1994, se dijo que el apoyo sería por 50 millones de dólares, para erogarlos en caso de ser necesario.
Después del monto pagado con los impuestos de los contribuyentes, el saldo del IPAB; es decir, la deuda privada convertida en pública asciende a 50 mil millones, pero de dólares, y no tiene para cuando terminar su pago.
