*En el pasado sindicalizaban a incondicionales que cobraban como “aviadores”.
De la redacción
Las viejas prácticas del ejercicio patrimonialistas de los alcaldes, como la de sindicalizar de última hora a incondicionales y correligionarios para garantizarles la definitividad en los empleos, vuelven a reaparecer. Chimalhuacán es un ejemplo.
Por regla general, la casi totalidad de los beneficiados habían cobrado como “aviadores” o estaban comisionados a realizar trabajo partidista, con cargo a las finanzas municipales. Los alcaldes también acordaban despidos, con el compromiso de perder los juicios laborales, para lo cual no contestaban las demandas.
Mario Santana, tres veces alcalde de Villa Victoria y por tercera ocasión legislador local a partir del 5 de septiembre, narró en una ocasión a “El Espectador” este tipo de experiencias vividas como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (TCyAEM).
Atribuyó también a estas prácticas facciosas los grandes pasivos laborales que arrastran y afectan las finanzas municipales, por juicios ganados por “aviadores”, quienes aducían despidos injustificados al demandar a las comunas. Otros eran sindicalizados, con lo cual fueron creciendo las nóminas.
La repetición de esta práctica fue denunciada por la alcaldesa electa de Chimalhuacán, Xóchiltl Flores Jiménez, quien aseveró que el presidente municipal saliente, Jesús Tolentino Román Bojórquez convirtió en sindicalizados a 430 empleados de confianza. Este personal sumaba en total 576 antes de las elecciones de junio.
Los nuevos afiliados al SUTEYM, en un alto porcentaje, son operadores políticos de “Antorcha Popular”, la organización priista de la cual es líder el alcalde, además de familiares y parientes políticos del dirigente municipal de ese sindicato, Jesús Zúñiga Ramírez. Esto comenzó después de que el alcalde perdiera la reelección, aseveró.
El diputado electo Mario Santana explicó que los pasivos laborales se generan cuando las autoridades no contestan las demandas por despidos, para que pierdan los ayuntamientos y sean condenados a pagar todo lo reclamado, aunque se trate de verdaderos “aviadores”, porque la legislación del trabajo establece que cuando no se da contestación a las demandas se da por cierto todo lo que asienta el demandante, pues ya no se investiga si cumplía o no horario o si era o no corrupto.
Ahora, a menos de 120 días para los relevos en las alcaldías, hay información extraoficial de que reaparecieron estas maniobras de gobernantes municipales para favorecer a correligionarios incondicionales.
No obstante, sólo la presidenta municipal electa de Chimalhuacán se decidió a denunciar el caso de su municipio, y dio datos precisos, sobre las maniobras del alcalde saliente. Anticipó que si no se revierte la maniobra el gasto de nómina se incrementaría más de 15 puntos porcentuales.
Del presupuesto total anual del ayuntamiento se destinaría a nómina el 52 por ciento de los más de dos mil millones de pesos. En la actualidad absorbe el 35.1 por ciento y, en términos absolutos, se pasaría de casi 720 millones de pesos a mil 065 millones.
