PRESTIGIAR A PARTIDOS Y A
LA POLÍTICA, UN PENDIENTE
LA 4T NO TIENE CORRESPONDENCIA EN EL CRÉDITO
DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y CUESTAN MUCHO DINERO
Este año los partidos políticos recibieron en conjunto poco más de 20 mil millones de pesos de fondos federales y estatales. De ese monto, equivalente al presupuesto de la UAEM para 4 años, sólo una mínima parte fue para financiar sus actividades electorales; es decir, para la búsqueda del voto popular de los candidatos a legisladores federales, 15 titulares de poderes ejecutivos estatales y miembros de los ayuntamientos.
Unos 14 mil millones de esas prerrogativas fueron destinados al pago de burocracia, a la renta o compra de inmuebles y, en la más pura esencia neoliberal, a la renta con sobreprecios de vehículos y equipo de cómputo. Todos los partidos se caracterizan por la opacidad y la inflación de gastos para acreditar el dinero recibido de las tesorerías federal y estales.
La mejor prueba de esto último son las multas aplicadas a diversas organizaciones partidistas por la opacidad, irregularidades y hasta uso de facturas de empresas “fantasma” para justificar la aplicación de gastos, con la agravante de que, salvo el PRI, no tienen ni siquiera estructura directiva y organizativa territorial, como para justificar los cuantiosos recursos provenientes de los presupuestos anuales federal y estatales.
No pocos partidos están convertidos en verdaderos negocios de grupos hegemónicos internos, simuladores disfrazados de luchadores por la democracia, lo cual ya no convence a la sociedad y por eso los partidos y la actividad política que se hace desde ellos está entre las más desprestigiadas, igual o más que la de los policías.
Hacer negocios, debe aclararse, no es delito, ni criticable, pero en el caso de las cúpulas partidistas el problema es que su negocio es ilícito, por la desviación de fondos públicos hacía sus cuentas bancarias, de sus familias y amigos, muchos de éstos, dueños de las empresas proveedoras que les venden servicios con excesivos sobreprecios.
La situación no es nueva, pero ahora es más notoria por la conjugación de dos realidades: una sociedad más y mejor informada, y una transformación de las formas, orientación y la definición de para quién trabaja el Poder Ejecutivo Federal; sobre todo, porque la abierta lucha declarada en contra la corrupción, encabeza por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tiene correspondencia al interior de los partidos, quienes parecen no percibir de qué se trata, ni los alcances y respaldo social que tienen los esfuerzos para terminar con el saqueo de los fondos públicos y bienes de la nación por esos minoritarios, pero poderosos grupos privilegiados económicamente y políticamente hasta el 30 de noviembre del 2018.
La situación es grave, porque los partidos son imprescindibles para la democracia, pero su sola existencia no es prueba de una verdadera democracia, cuya calidad y utilidad social depende de la calidad de las organizaciones políticas. Y esto no se ve por ningún lado. Lo que presenciamos es el trabajo partidista para beneficio de las cúpulas, familiares y amigos de las propias organizaciones políticas.
