Augusto L. Robles
El problema de los 31 ex funcionarios del CONACYT y miembros del Foro Científico y Tecnológico es presentado en casi todos los medios y por la abrumadora mayoría de los periodistas como un ataque a la comunidad científica, en el marco de la estrategia de desprestigiar al gobierno del presidente López Obrador.
Y mienten al presentar al grupo como de “31 Científicos”, cuando no todos lo son, o al menos no son especialistas en ciencias exactas. De lo investigados, 11 estudiaron derecho, administración, ciencias políticas o relaciones internacionales.
Exageran al condenar que se les inculpe de delincuencia organizada, cuando esa figura existe en la legislación penal federal y se tipifica como el acuerdo de tres o más personas para delinquir varias veces, sea en actividades violentas o de “cuello blanco”. Los acusados pueden ser culpables o inocentes de delincuencia organizada y todos los otros ilícitos, pero los científicos pueden cometerlo, aunque no usen la violencia.
