*La anterior administración federal no logró aclarar lo sucedido, al contrario.
De la Redacción
Hace siete años, entre una anoche como la de ayer y este día ocurrió la desaparición en Iguala, Guerrero, de los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. Sigue sin conocerse el paradero de 40, pues sólo han sido identificado tres de ellos, a través de pruebas a restos óseos.
Con toda la razón los padres de familia, de los cuales cuatro fallecieron ya en este lapso, exigen la localización y devolución vivos de los jóvenes, en una situación entendible, pero que coloca a las autoridades federales en una situación extremadamente difícil, casi imposible de resolver, puescomo se sospecho desde un principio es altamente probable que los normalistas hayan sido asesinados, problemático encontrar los restos, quienes hayan sido asesinados no pueden ser devueltos con vida.
Los alumnos normalistas fueron detenidos por policías municipales, quienes formaban parte de la delincuencia organizada, por lo que entregaron a ésta las víctimas.
La presencia y actividades de un grupo criminal en la zona eran conocidas por las autoridades municipales, estatales y federales, y las investigaciones del caso que tuvo impacto nacional e internacional, fueron realizadas con la intención de ocultar todo el contexto político, institucional y las omisiones y complicidades de todas las autoridades con la organización delictiva que cometió la atrocidad.
