*Solo por el desborde de uno de estos lagos artificiales se dio a conocer el problema.
De la Redacción
Los cerca de 300 lagos artificiales construidos por familias económicamente poderosas prueba la degradación de la clase que gobernó al país entre 1982 y 2018, y la insensibilidad de los más ricos del país, porque construyeron esos cuerpos de agua en sus terrenos para practicar deportes acuáticos o como simples elementos de ornato en residencias, mansiones, clubes de golf o fraccionamientos exclusivos, pero a cambio de retener aguas de ríos, arroyos, manantiales y escurrimientos tributarios de la presa de Valle de Bravo, de donde se lleva agua para saciar la sed y otras necesidades básicas de millones de mexiquenses del Valle de México y Toluca, además de a parte de la población de la Ciudad de México.
El imperio del tráfico de influencia y abuso de poder de esas familias y la omisión y complicidad de las autoridades llegó a tanto, que construyeron las presas privadas para crear los cuerpos de agua, a costa del almacenamiento de la misma en la citada presa, parte del Sistema Cutzamala, sin autorización de las autoridades federales.
De todas esas presas sólo una ha sido clausurada por la PROFEPA, pero el incumplimiento de responsabilidades fue tanto que el problema no fue detectado por inspecciones de las autoridades, sino por organizaciones ambientalistas. Ni el ayuntamiento de Valle de Bravo ni el Gobierno del Estado de México estatal denunciaron la violación a leyes federales, ni las dependencias del Poder Ejecutivo Federal detectaron lo que estaba ocurriendo.
Fueron organizaciones civiles quienes subieron a Internet el desbordamiento de una de esas presas particulares “clandestinas”, con daños a viviendas, caminos y cultivos. Sólo así actuó PROFEPA, ya en este gobierno de la nación.
