*El monto sumaría más, si se incluyera el peso de las pensiones del ISSEMYM.
De la redacción
(Primera parte)
A pesar de haber ejercido en cuatro años 1.3 billones de pesos, el gobierno estatal acumulará a finales del año una deuda cercana a los 100 mil millones de pesos con bancos, constructores de infraestructura y prestadoras de servicios, según un análisis de “El Espectador”.
La deuda pública del gobierno mexiquense con bancos privados y la banca de desarrollo se aproximó a los 55 mil millones de pesos en el primer semestre del año; no obstante, si se suman los pagos obligatorios multianuales por los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y las Asociaciones Público-Privadas (APP), el monto real se aproxima a la suma citada. Y se elevaría mucho más si se consideran los crecientes adeudos por pagos a pensionados de ISSEMYM.
Los PPS y las APP no se contabilizan como pasivo, pero en la realidad lo son, porque se pagan con recursos presupuestales, igual que los préstamos bancarios, además sus montos están garantizados de antemano y no pueden modificarse a la baja, por lo cual tienen el mismo efecto negativo en las finanzas públicas que el endeudamiento bancario.
Por esta razón estas deudas disfrazadas deben considerarse legalmente deuda pública, pues incluso su pago es más oneroso para las finanzas públicas que los propios créditos bancarios. Éstos tienen tasas de interés fijas y moderadas en comparación con la aplicada en esas dos figuras.
Tan sólo por la rehabilitación, conservación y mantenimiento de mil 637 kilómetros de carreteras del sur la Secretaría de Finanzas debe erogar cerca de 15 mil 400 millones de pesos en los próximos 12 años, en pagos anuales de la misma fuente de ingresos estatales, igual que se hará con el servicios y amortización del pasivo bancario.
Ese monto debe agregarse a los cerca de 55 mil millones de pesos de la deuda bancaria del gobierno mexiquense, más casi 12 mil millones de pesos en los próximos 11 años por la construcción, operación y administración del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.
Existen otros PPS como el que da mantenimiento a la Vialidad las Torres, en Toluca, Metepec, San Mateo, Lerma y Zinacantepec; la carretera Toluca-Tenango, que siempre está en mal estado; el de un puente en Cuautitlán Izcalli, además de otro PPS de mantenimiento a 31 carreteras y 39 grandes vialidades de las zonas urbanas más pobladas y de mayor circulación vehicular.
No hay información oficial sobre los montos de los pagos anuales, ni de la duración del contrato, pero también el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco está bajo esta modalidad de saqueo a las arcar públicas, y dada su dimensión, debe ser mucho lo que se erogará cada año en favor de particulares dueño del PPS del caso.
No obstante, esa obra resultó desde el principio cara y su pago aumentará por muchos años el monto de la deuda pública disfrazada de PPS y APP, por lo que no es exagerado calcular en 100 mil millones de pesos los compromisos de pagos multianuales de gobierno estatal.
Los altos montos que se cubren por la deuda bancaria y con particulares, que crecerán con el PPS para las carreteras del sur, inexplicablemente no se consideran deuda, pero limitan los márgenes de la capacidad presupuestal del Poder Ejecutivo del Estado para invertir en obras y servicios públicos.
Es decir, los PPS y las APP perjudican más las finanzas públicas estatales que si sus servicios y obras de infraestructura las ejecutaran directamente las autoridades estatales con financiamiento de los bancos privados o de la banca de desarrollo. Además, sustraen del presupuesto recursos en una entidad donde la pobreza azota a millones.
En este sentido, el mejor ejemplo de estos desventajosos contratos del gobierno lo constituye el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango: se pagará varias veces más de lo que hubiera costado de haberse construido con préstamos de los bancos.
Un estudio de la especialista en el tema, Cristina Laurel indica que si ese nosocomio se hubiera construido y equipado con un crédito bancario a 10 años, hubiera costado mil 434 millones de pesos. El particular invirtió 860 millones de pesos, pero cobrará 7 mil 618 millones de pesos durante el contrato de 22 años.
