PPS Y APP: BRUTALES FORMAS
DE EXTRAER FONDOS PÚBLICOS
MUY ONEROSOS PARA LA SOCIEDAD, LOS PROYECTOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONTRATA GEM
Muchos gobiernos estatales cargan una deuda real de casi el doble de la que tienen con la banca, privada y de desarrollo, porque adquirieron compromisos financieros con el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP), dos de las modalidades más brutales de transferencias de fondos públicos a empresas particulares. En el Estado esos pagos representan compromisos por un monto cercano al de la deuda bancaria: 55 mil mdp.
Lo más grave es que estos compromisos de pago a 20, 25 o más años son deudas que no reciben esa denominación, y permiten a las autoridades ocultar la dimensión de sus pasivos, pues aun cuando al igual que los financiamientos bancarios de largo plazo los PPS y las APP tienen garantizados los pagos anuales mediante contratos a largo plazo, lo gobernadores insisten en que no son pasivos, aprovechando que no se ha legislados para corregir esos criterios erróneos.
Como versa el dicho popular sobre el ave que parece pato, camina como pato, nada como pato, grazna como pato y, adicionalmente, tiene por pareja una pata, y uno tiene todo el derecho de creer firmemente que se trata de un pato, así con los PPS y APP, hay bases para considerar se trata de deudas públicas no reconocidas como tales por las autoridades.
Ambos esquemas representan determinado monto a cubrir en el largo plazo, como ocurre con los financiamientos bancarios. Y como la deuda pública, los pagos anuales están garantizados por los presupuestos autorizados por las cámaras de diputados locales, justamente como lo hacen con la amortización de pago de los pasivos estatales. No hay diferencia en este aspecto específico.
La diferencia general entre financiamiento bancario y la contratación de PPS o APP para construir obras de infraestructura y prestación de servicios es que financiar estos proyectos en el sistema tradicional es mucho más barato que los dos esquemas, como ocurrió con el PPS para la construcción y equipamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en cuya construcción y equipamiento el particular debió invertir 860 millones de pesos. Después dijo que superó los mil 100 millones, y el gobierno de Enrique Peña Nieto le creyó.
De acuerdo con un estudio de Asa Cristina Laurell, prestigiada especialista en el tema, de haberse edificado y equipado con un crédito bancario a diez años el citado nosocomio habría salido en mil 864 millones de pesos, pero se hubiera evitado tener que pagar más de 12 mil millones de pesos durante el contrato; es decir, con lo que costará la obra se habrían construido casi otros diez hospitales, en vez de solo uno.
Lo peor de todo es que contratan la construcción de infraestructura o prestación de servicios que al final cuestan varias veces más que si se construyeran con crédito, lo que obliga a destinarles presupuesto y limita las posibilidades de hacer después directamente obras necesarias para el desarrollo económico y el bienestar de la población. Y aún así, las autoridades insisten en que “no se trata de deuda pública”.
