*PAN, opuesto a rectoría del Estado en materia de energía eléctrica y mete en aprietos al PRI.
De la redacción
(Primera parte)
El gobierno de la cuarta transformación (4T) busca recuperar la rectoría del Estado en la industria eléctrica, nacionalizada en 1960 por el presidente Adolfo López Materos y reprivatizada parcialmente por los mandatarios Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, al grado de que actualmente particulares generan el 46 por ciento de la energía eléctrica.
Medidas de esta naturaleza y alcance son indispensables para lograr los objetivos de la cuarta transformación, de los cuales hasta ahora sólo ha podido concretar el freno a la corrupción, garantizar constitucionalmente los programas sociales, convertir en delito graves varios que no lo eran, erradicar las compras con sobreprecios y suprimir el perdón fiscal, lo cual generó la oposición de la ultraderecha empresarial y de los grandes medios informativos.
El actual 46 por ciento de la generación y el mercado de energía eléctrica se fijará como máxima participación a la iniciativa privada en la industria eléctrica, para dejar el 54 por ciento al Estado, pero con la supresión de los privilegios actuales a particulares, para lo cual el Poder Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. De inmediato el PAN anunció su oposición.
La oposición total del PAN a la reforma en la materia, que también reserva para el Estado Mexicano la explotación y aprovechamiento del litio, un mineral estratégico para el futuro de la industria automotriz y de la producción de teléfonos móviles y, en general, del sector electrónico, pondrá en aprietos a su antes adversario ideológico y ahora principal aliado: el PRI.
De seguir el tricolor al blanquiazul con el rechazo a esos cambios constitucionales, desalentará más a su militancia y confirmará su derechización y defensa de los intereses económicos nacionales y extranjeros que junto con gobernantes corruptos, saquearon y llevaron al país a la ruina, alertó Giovani Serrano Gutiérrez, politólogo e investigador de la UNAM.
De apoyar la reforma constitucional en materia eléctrica, podría ocasionar el fin de la alianza anti Morena y en contra de la 4T, a quien sus cúpulas dirigentes consideran peor que el PAN, algo no compartido por una amplia franja de la militancia del PRI, que apoya en las urnas a los candidatos de Morena y en contra de los propios, porque son respaldados por el PAN.
En especial, se pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), abandonada durante 36 años, endeudada para poder subsidiar a las empresas particulares; sobre todo, a españolas. CFE ahora está obligada por ley a vender primero la energía eléctrica que generan las compañías privadas, y después la propia.
Tiene el compromiso ineludible de pagar los volúmenes contratados, aunque no se entreguen, y ni siquiera tiene la facultad para fijar tarifas para comprar y vender el fluido eléctrico, lo hace un organismo ajeno
Los privilegios a suprimir son la transferencias de ingresos públicos a las empresas particulares generadoras de energía eléctrica, en detrimento del interés y economía popular; el uso prioritario y sin costo de la red nacional de transmisión; los contratos leoninos que obligan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprarle a empresas privadas la energía que producen, para lo cual paraliza incluso sus plantas, pues primero debe comercializar la de aquellos.
