*Gobiernos federal, estatal y municipal conocían la violencia y a sus autores.
DE LA CORRESPONSALÍA
Acapulco, Gro.- Siete años después de ocurrida su desaparición, el paradero de 40 de los 43 (ya fueron interesados restos de tres) normalistas sigue siendo un misterio, y encontrarlos es uno de los grandes pendientes de la actual administración del país.
Son siete años de angustia de los padres de las víctimas, todas de origen humilde Y en las reflexiones de autoridades, periodistas, intelectuales y grupos civiles se pasan por alto las condiciones de inseguridad reinantes en la región aquella noche del 26 de septiembre de 2014, sostuvo Alfredo Lomelí Juárez, académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Además, subrayó, “los condenables hechos de Iguala fueron aprovechados por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para ajustarle cuentas al gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero. Y no debe olvidarse que los hechos se dieron en un escenario de alta e impune inseguridad pública en la región”, subrayó.
Este componente del problema no se examina, pero puede explicar la actuación del ex gobernador de Hidalgo, quien no quería al mandatario de Guerrero, porque lo acusaba de incumplir su compromiso de disciplinarse y apoyar la candidatura de Manuel Añorve, del PRI, a gobernador.
Ese compromiso, detalló el académico y científico social, lo adquirió directamente con Murillo Karam, cuando éste era secretario general del CEN del PRI y condujo la negociación para sacar candidato de unidad a gobernador, pero Aguirre Rivero no aceptó a Añorve (son primos).
“Y no sólo no apoyó a su pariente, sino dejó las filas priistas, logró la candidatura del PRD y aplastó en las urnas a su expartido, lo cual Murillo Karam tomó como agravio personal”, explicó.
“Por la desaparición de los normalistas el político guerrerense fue obligado a dejar la gubernatura, en un caso de venganza, porque si hubiera tenido participación en los hechos de Iguala, gustosamente los hubiera encarcelado”, recalcó Lomelí Juárez.
Otra realidad desconocida o soslayada en los análisis es que la muerte de normalistas y desaparición de los 43 ocurrió en un escenario de alta e impune actividad delictiva de grupos dedicados al narcotráfico, enfrentados por el territorio, lo cual debieron conocer bien las autoridades federales, estatales y municipales, porque hasta campesinos de poca instrucción escolar conocían la situación, recordó.
Agentes de los tres órdenes de gobierno tenían presencia en Iguala, incluyendo los servicios de espionaje e inteligencia, pero fueron omisos frente a los generadores de inseguridad pública. “Y habría que investigar por qué asumieron esta posición”, concluyó Lomelí Juárez.
