*Se construirán espacios para dos mil internos: Rodrigo Martínez Celis.
De la redacción
El sistema de cárceles mexiquense alberga a 33 mil personas privadas de su libertad (PPL), como le dicen a quienes la población conoce simplemente como presos. El número es crecido, pero el problema grave consiste en la sobrepoblación carcelaria.
Rodrigo Martínez Celis, secretario de Seguridad del Estado de México, informó a los diputados locales en su comparecencia con motivo del cuarto informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza, que se prevé que para cuando finalice el sexenio (15 de septiembre de 2023), existan en los 22 penales 39 mil internas e internos mexiquenses.
Ya en estos momentos, de acuerdo a un análisis de “El Espectador”, los penales mexiquenses tienen un excedente de personas privadas de su libertad del 120 por ciento en relación con su capacidad de 15 mil espacios.
De acuerdo con el análisis comparativo de este semanario a la previsión estadística del secretario de Seguridad del Estado de México, el problema de sobresaturación crecerá de aquí a finales del 2023, en lugar de reducirse.
Aun con los dos mil espacios que se agregarán, si ahora faltan 18 mil lugares para mantener en condiciones dignas a la población en cautiverio, para cuando finalice el sexenio del gobernador Alfredo del Mazo Maza el déficit será de 22 mil espacios.
En términos relativos la sobrepoblación carcelaria será de poco menos del 130 por ciento, lo cual impedirá la readaptación social de los internos, como lo sostienen especialistas en este tema.
Las comisiones Nacional y del Estado de México de Derechos Humanos denunciaron que las condiciones de hacinamiento de los presos en el sistema de penales mexiquense violan derechos humanos.
Familiares de presos y organizaciones como la que dirige el abogado Humbertus Pérez Espinoza, denuncian que la corrupción en los penales es descomunal, porque grupos de presuntos delincuentes peligrosos extorsionan a sus compañeros de reclusorios y a sus familiares, exigiéndoles fuertes sumas de dinero para protegerlos de los propios protectores, con la complicidad de directivos de esos centros de internamiento.
Hace pocos años generó un escándalo la escena grabada por presos en la cual estaban torturando con un soplete a un reo, cuya video fue enviado a sus familiares de la víctima para “persuadirla” de que lo mejor era pagar protección para su pariente, porque estaba indefenso ante los extorsionadores.
