*Falso el argumento de automotrices de que caerán las ventas por la medida.
De la redacción
El decreto para legalizar vehículos introducidos ilegalmente al país desde Estados Unidos a entidades federativas fronterizas es severamente cuestionado por la industria automotriz y las distribuidoras de automotores nuevos.
Pero de acuerdo con Benjamín Ruano Castañeda, experto en el tema, aunque algunos de los argumentos para justificar la oposición de este sector empresarial a la medida tienen razón, no es así con el que aduce daños a la actividad armadora y distribuidora, pues es falsa la aseveración de que se desplomará el mercado.
En opinión del economista, efectivamente, las unidades de estancia irregular o claramente ilegal, incumplen las normas ambientales, porque en un alto porcentaje son desechadas por haber agotado su vida útil, como la entienden en Estados Unidos, pero otras sufrieron accidentes, y de ser reparadas adecuadamente, no ocasionarían daños al ambiente; sobre todo, los modelos recientes.
Ruano Castañeda se refirió en seguida al daño a la industria automotriz. Sostuvo que los poseedores de los vehículos a legalizar pertenecen a los segmentos poblacionales excluidos del mercado de autos nuevos o seminuevos, sobre todo de las ventas a crédito, por lo que no son clientes potenciales de las armadoras, vía distribuidoras.
Por esa razón no se desplomará el mercado automotriz al regularizar la estancia de vehículos en estados como las Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora o Tamaulipas.
Los clientes de las distribuidoras en esas entidades federativas seguirán adquiriendo unidades del año, porque ellos no ingresan al país vehículos desechados en Estados Unidos. “El argumento de la caída del mercado no tiene sustento”, reiteró el entrevistado.
DEBE FRENARSE INGRESO ILEGAL
En lo que sí estuvo totalmente de acuerdo el especialista es en que “las autoridades federales deben evitar en el futuro la introducción de más vehículos usados, especialmente de desecho, porque dañan el ambiente, y generan o incrementan las condiciones de inseguridad, violencia y delitos, pues no hay control sobre esas unidades ni se tiene identificados a los dueños, lo cual facilita la comisión de delitos, dificulta su esclarecimiento y evita castigar a los delincuentes”, concluyó.
