*La Constitución prohibía la participación privada en la industria eléctrica.
De la redacción
La reforma energética neoliberal, tanto en la industria petrolera como en la eléctrica fracasó rotundamente. En el primer caso, de los 3.4 millones de barriles diario ofrecidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto para estos año, apenas ronda el 1.7 millones, y la aportación de empresas privadas no llega a 30 mil barriles diarios, según un análisis de “El Espectador”.
Tampoco arribaron al país los ríos de dólares esperados, ni la tecnología de punta para la exploración y explotación, y los precios domésticos de las gasolinas se elevaron, en lugar de bajar, como se le prometió a los mexicanos que ocurriría si se autorizaba la participación de particulares en la actividad petrolera.
La reprivatización parcial de la industria eléctrica resultó peor para los intereses nacionales. No sólo se encareció la electricidad, sino que el gobierno firmó contratos que permiten el saqueo de los fondos públicos por empresas particulares nacionales y extranjeras, las cuales convirtieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su agente de venta gratis, de acuerdo con un recuento de este semanario.
La empresa pública quedó obligada a comprarles a los particulares la energía que producen, y a pagarles el ciento por ciento de los montos pactados, aunque no entreguen los volúmenes de fluido eléctrico comprometidos. Y para aprovecharlos la CFE debe sacar de la producción sus plantas generadoras, e ingresar primero a la red nacional de conducción y suministro esa luz que compra a particulares.
LAS VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN.
Sin que alguien se escandalizara, la participación privada en la generación de energía eléctrica se autorizó con flagrantes violaciones a las Constitución Política del país, que reservaba al Estado todo el manejo de la industria eléctrica.
Todo comenzó con Carlos Salinas de Gortari y siguió con Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Otorgaron concesiones y permisos a particulares, cuando lo prohibía la Máxima Norma Federal.
Nadie protestó por los actos anticonstitucionales de todos esos presidentes, que se basaron en reformas a la legislación secundaria en materia de energía eléctrica, violatorias de la Constitución. Puede criticarse al presidente Enrique Peña Nieto, inclusive considerarlo traidor a los intereses de la nación, pero la apertura que hizo de las industrias petrolera y eléctrica a particulares tuvo bases constitucionales.
Precisamente, su reforma energética, llamada también estructural, lograda con sobornos a diputados y senadores, y todos los vicios de corrupción y los resultados nefastos que se quieran, fue con base en los cambios a la Máxima Norma.
Por esa misma razón está dando mucho trabajo al presidente Andrés Manuel López Obrador revertirla, porque si todo se hubiera autorizado con la legislación secundaria, como lo hicieron Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, Morena podría fácilmente abrogar esa ley reglamentaria con su mayoría simple en el Congreso de la Unión. Nadie recuerda ahora esas violaciones constitucionales.
