*El INE debe convocar a consulta para revocar mandato aunque nadie lo exija.
De la redacción
Urge que los ciudadanos tengan mayor facultad para ratificar o retirar la confianza en los presidentes de la República, a lo cual debe agregarse el caso de los gobernadores, para lo cual es necesario reformar la Constitución, a fin de establecer la obligación del INE de convocar a consulta para revocar o ratificar mandato, aun cuando nadie lo solicite.
Al comentar la consulta de la primavera del próximo año, en la cual los electores podrán decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa o deja el cargo, Leobardo Santacruz Guillén abogado constitucionalista, destacó la importancia de este ejercicio de participación democrática directa y decisiva.
Comentó que casi no se reflexiona al respecto, pero se trata de la primera ocasión en los 200 años de vida independiente del país en que los ciudadanos tendrán la oportunidad de expresar su sentir sobre el desempeño de un presidente de la República en funciones, y de obligarlo a dejar el cargo, si esa es la decisión mayoritaria.
No obstante, el especialista consideró conveniente que la consulta para revocar o ratificar el mandato de los titulares del Poder Ejecutivo Federal, “que debe incluirse a los gobernadores” no esté condicionada a que el 3 por ciento de los integrantes de la lista nominal de electores lo demande.
“En la Constitución debe quedar establecida la obligación ineludible de las autoridades lectorales de efectuar la consulta de revocación o ratificación de mandato a la mitad del sexenio, aunque no la demande ni una sola persona”, recalcó.
Santacruz Guillén.
No debe necesitarse de que la consulta la exija ese 3 por ciento de los votantes. Organizarla debe ser obligación constitucional del INE, sin más, lo cual daría un inmenso poder de decisión al ciudadano, con el fortalecimiento y profundización de la democracia mexicana, reiteró.
El otro objetivo de primer orden que se cumpliría sería el de inhibir la corrupción e ineptitud de los gobernantes y se les obligaría a ser honestos y eficaces, aunque fuera sólo por el temor a perder sus cargos, y ello se traduciría en buenos mandatarios, insistió el abogado constitucionalista.
La exigencia de firmas para organizar y efectuar la consulta de revocación o ratificación de mandato es un obstáculo a la participación de los electores, porque si no se alcanza el umbral del 3 por ciento, un mal gobernante tendría garantizada su permanencia en el cargo, lo que no ocurría con la obligación constitucional del INE de permitirle expresarse sobre el tema a mitad del sexenio, “y esto debe extenderse a a los gobernadores, aunque no se incluyera a senadores, porque no tienen condiciones para hacer daño a la sociedad, cómo sí, la tienen el presidente y los mandatarios estatales”, concluyó.
