*La explosión de toma clandestina de gas desnuda complicidad oficial e impunidad.
De la redacción
La explosión de gas en una toma clandestina en San Pablo Xochimehuacán, Puebla, la cual devastó decenas de viviendas, con muertos y lesionados, puso al desnudo la simulación de las autoridades, quienes por muchos años fingieron desconocer las actividades de los huachicoleros de gasolinas y, últimamente, de gas.
Los reporteros que cubrieron todo lo relacionado con los daños ocasionados por la explosión recogieron información de habitantes de la zona, quienes revelaron que desde hace tiempo se conoce que en el predio del accidente se extraía gas de un ducto, según seguimiento de este semanario a lo reporteado.
Pipas ingresaban y salían del predio, especialmente por las noches y más en las madrugadas, pero ese secreto a voces entre los vecinos de San Pablo Xochimehuacán, no lo sabían las autoridades.
Es decir, era conocido por toda la población, pero no por quienes tienen la obligación de prevenir y combatir los delitos y a los delincuentes, que en este caso, operaban libremente y gozaban de impunidad. No es irresponsable sospechar que los delincuentes gozaban de protección de algún segmento gubernamental.
QUIÉNES DISTRIBUÍAN EL GAS ROBADO
En el país y particularmente en el Estado de México, el robo al transporte de carga creció mucho este año, pero se trata de apoderamiento de mercancía que puede distribuirse fácilmente en distintos sitios y modalidades.
Revender ropa, calzado, abarrotes, medicamentos, teléfonos celulares, juguetes de procedencia ilegal no requiere de infraestructura especial. Puede hacerse en tianguis, mercados públicos, incluso en el comercio formal, y no representa riesgo de muerte por accidente.
En los casos de las gasolinas, diésel y gas robados, la situación es diferente, y no sólo por el peligro de morir por una explosión, sino también porque no pueden comercializarse en cualquier lugar, sin contar con infraestructura, como pipas y expendios legales de los productos.
Frente al predio de la explosión en Puebla y en la misma zona operan varias empresas gaseras, lo cual obliga a preguntar si eran ajenas a la comercialización del gas extraído de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Las investigaciones no deben limitarse a lo ocurrido en el lote de la toma clandestina, sino deben extenderse también a quienes crearon y se benefician del mercado de gas de procedencia delictiva.
