*8 municipios menos poblados del Edo, con menos habitantes que desaparecidos.
Karen Telpalo L.
Con poca comprensión sobre la magnitud del problema por parte de la comunidad nacional, la tragedia de los desaparecidos y no localizados en México alcanzó cifras pavorosas.
Superan los 94 mil, y aun cuando hay casos desde la época de la “guerra sucia” (1965-1990) -entonces el Estado Mexicano combatió con violaciones a los derechos humanos a los grupos guerrilleros urbanos y rurales y a luchadores sociales-, el fenómeno se aceleró a partir de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra al narcotráfico.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación reconoció que las desapariciones forzadas constituyen una de las más graves crisis actuales.
Para dar una idea cercana a la población mexiquense sobre la tragedia que representan las personas desaparecidas y no localizadas en el país, basta decir que suman más que la población total y conjunta de los ocho municipios menos poblados del Estado de México.
Esas personas desaparecidas, y que tienen en angustia, preocupación y tristeza permanente a sus familias, son más que los habitantes conjuntos de Almoloya de Alquisiras, Almoloya del Río, Santa Cruz Atizapán, Chapultepec, Isidro Fabela, Mexicalcingo y Otzoloapan.
En estas ocho demarcaciones mexiquenses no viven tantas personas como las que están desaparecidas y no localizadas en el país, lo cual ilustra en forma trágica la dimensión del problema.
Encinas Rodríguez, ex legislador federal por el Estado de México y dos veces candidato a gobernador, expuso el problema a un grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que el día 15 de este mes y hasta el viernes pasado visitó México, para conocer el problema en cuestión.
Aun cuando antes de irse ofrecieron una conferencia de prensa, el informe sobre desaparición forzada en el país será dado a conocer hasta abril del próximo año. Desde 2013 el Comité gestionaba la autorización para estar en México, pero le habían rechazado la solicitud. Eso cambió ahora con el gobierno de la 4T, que modificó leyes y creó mecanismos para buscar a quienes desaparecieron.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración les informó a los visitantes que hasta 2018 el Estado Mexicano se había desatendido del problema de las personas desaparecidas y no localizadas, dejando la tarea de búsqueda en manos de los familiares de las víctimas, y sólo existían 8 comisiones estatales de búsqueda, desempeñándose en la precariedad, sin un registro nacional de desaparecidos.
Actualmente existen 32 comisiones estatales de búsqueda, a las cuales el próximo año se le destinarán mil 200 millones de pesos, además se han efectuado 2 mil 300 jornadas de búsqueda y se homologaron los protocolos de búsqueda.
