*Está acusado de ataques a vías generales de comunicación, robo y ultraje.
De la redacción
El abogado Paulo Díez, quien ha denunciado públicamente a la empresa OHL, ahora Aleática, de explotar suelo de propiedad federal, sin tener la concesión correspondiente, ahora se lanzó contra el Poder Judicial mexiquense.
Fue acusado por Aleática en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de ataques a las vías generales de comunicación, ultraje a las autoridades y a policías y apología del delito, por una marcha que efectuó para denunciar que la empresa explota ilegalmente tierras federales en el Viaducto Bicentenario.
Destacó que por tratarse de un asunto del fuero federal, ni la FGJEM, ni el Poder Judicial de la entidad tienen competencia para procesarlo y sentenciarlo, pero un juzgado de control no quiso declinar la competencia y lo vinculó a proceso por un delito que no cometió y, en caso de haberse perpetuado, sería del fuero federal.
Explicó que los delitos por los cuales está vinculado a proceso presuntamente se cometieron cuando efectuó una marcha en la lateral del Viaducto Bicentenario, y nunca interrumpió la circulación, pues caminaron sin entorpecer el tránsito vehicular, por lo cual no pudo cometer el delito de ataques a las vías generales de comunicación, como lo denunció la FGJEM y lo aceptó el juzgado de Tlalnepantla.
Explicó que su lucha es porque a Aléatica se le cancele la concesión, porque su otorgamiento cuando era OHL fue ilegal, pues el gobierno estatal, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, no tenía facultades para concesionar terrenos del gobierno federal.
Sobre este tema, el diputado Mario Ariel Juárez Jiménez, demando del secretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón Chávez un informe sobre las acciones emprendidas por el incumplimiento de contrato por parte de Aleática, antes OHL, en el caso de la construcción, mantenimiento y cobro de peaje del Viaducto Bicentenario.
Consideró que esa vía de comunicación de cuota es símbolo de la corrupción y opacidad en el manejo de los recursos públicos en el Estado.
