MEDIOS INFORMATIVOS OBTUVIERON RÍOS DE DINERO
POR PUBLICIDAD Y COMO PROVEEDORES DEL GOBIERNO
MAXIMILIANO CASTILLO R.
En este espacio hemos narrado que casi todos los grandes medios informativos, por primera vez desde que Victoriano Huerta fue derrotado, arrojado de la presidencia de la República y exiliado, se convirtieron en opositores al gobierno federal, específicamente del Poder Ejecutivo, y aliados de los adversarios ideológicos, políticos y partidistas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En más de cien años una parte de los medios informativos de cobertura nacional criticó a los gobiernos del país, como fueron los casos de Lázaro Cárdenas, cuando expropió el petróleo y repartió latifundios; Luís Echeverría por expropiar predios agrícolas en el Valle del Mayo, Sonora; y José López Portillo al expropiar la banca.
En todos los casos, las campañas de desprestigio fueron de escasa duración, y en ninguno los ataques mediáticos fueron antes de que los personajes llegaran a la presidencia de la República, como ocurre ahora. El presidente López Obrador es calumniado, difamado y satanizado con feroces campañas de desprestigio basadas en mentiras desde que emergió, por allá por 2004 como un fuerte aspirante presidencial y con un poderoso liderazgo social y político.
Los grandes medios informativos, con las excepciones de la regla, llevan 17 años tratando de destruirlo políticamente, pero la población ignora el hecho, como también desconoce las razones por las cuales ahora todos los días y a toda hora combaten al Poder Ejecutivo y respaldan abiertamente a los opositores, como no la habían hecho en más de un siglo.
Entre el año 2000 y el 2018 las empresas dueñas de medios informativos impresos, electrónicos y digitales recibieron ríos de dineros del Poder Ejecutivo y de sus organismos descentralizados como Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE. Nunca se habían enriquecido tanto como en ese período con la publicidad gubernamental. También recibieron regalos como ranchos, mansiones en destinos turísticos y la Ciudad de México y aeronaves decomisadas a los jefes del narcotráfico.
Sus beneficios ilegítimos y excesivos no se limitaron a eso. Los propietarios de periódicos, cadenas de radio y televisión y de plataformas digitales se convirtieron, además, en proveedores del gobierno federal y los estatales: les vendieron o más bien les rentaron equipos de cómputos, vehículos, seguridad policiaca, inmuebles, además de medicamentos, en contratos de asignación directa, con descomunales sobreprecios y sin supervisión, producto todo ello del tráfico de influencia.
De la misma forma, se volvieron contratistas de obras públicas con sobreprecios brutales, en perjuicio de las finanzas públicas y hasta construyeron penales para rentarlos al Poder Ejecutivo Federal, en los cuales llegan a cobrar hasta 200 mil pesos mensuales por cada interno o interna, en un saqueo despiadado e impune, lo cual explica su beligerancia actual, sin que la población se entere de cuánto hay detrás de los permanentes ataques al presidente López Obrador, y mucho menos se sepa que los grandes medios informativos y la ultraderecha empresarial buscan recuperar sus privilegios, históricamente grandes, pero multiplicados hasta el insulto por Fox, Calderón y Peña.
