*Iba a costar poco más de 30 mil MDP; al iniciar las obras ya costaban 38 mil MDP.
De la redacción
El Tren interurbano México-Toluca, cuya puesta en servicio se programó para julio de 2017, según el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, será inaugurado hasta septiembre de 2023; es decir, 6 años después de lo previsto y con la ejecución del megaproyecto en 9 años, en lugar de los 3 comprometidos.
La megaobra se encareció en exceso, y en lugar de 38 mil millones de pesos previstos, se elevará hasta los 91 mil millones, consecuencia de la mala planeación, programación y ejecución.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el transporte masivo que unirá a los valles de México y Toluca deberá concluirse en 2023, para ponerse en servicio en la primera quincena de septiembre de ese año.
EXCESIVO ENCARECIMIENTO
El Tren Interurbano México-Toluca es uno de los megaproyectos con mayor encarecimiento en la historia de las obras públicas del país, pues cuando se anunció su construcción se informó que costaría poco más de 30 mil millones de pesos.
No obstante, cuando se concluyó el proceso de licitación, se asignaron los contratos y arrancaron los trabajos, el monto ya estaba en los 38 mil millones de pesos. Y así, con el paso del tiempo, las demoras y actos presuntamente de corrupción, se ha encarecido, con riesgos de cancelarse y perderse los cerca de 70 mil millones de pesos invertidos.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió concluir el megaproyecto, pero cálculos gubernamentales indican que la inversión acumulada al final será de 91 mil millones de pesos.
Aun cuando se denomina Tren Interurbano México-Toluca, en realidad el trayecto termina en el municipio de Zinacantepec, y de acuerdo con el plan original, el recorrido hasta la terminal Observatorio se hará en 39 minutos.
Por la falta de planeación los trabajos de construcción se detuvieron en algunos tramos, especialmente por la falta de liberación del derecho de vía, indispensable para las megaobras.
Hubo señalamientos de corrupción, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó indemnizaciones por tierras a quienes no tenían derecho a ello y dejó de cubrirlas a los verdaderos dueños. Al final, los predios se pagaron dos veces, ello dio lugar a conflictos judiciales y amparos.
