*La corrupción tiene efectos negativos multiplicadores.
De la redacción
La corrupción tiene consecuencias mucho más perniciosas de las que se creen, porque sus efectos violan derechos humanos, debilitan el Estado de derecho, dañan a los más pobres y ponen en riesgo la gobernabilidad, se destacó en una reunión organizada por el Senado de la República, en el “Día Internacional contra la Corrupción”.
El fenómeno constituye una traición a los intereses de la sociedad, por parte de quienes son los primeros obligados en respetar la ley y servir al pueblo, en vez de agraviarlo con el apropiamiento de fondos públicos, se destacó.
Los participantes, Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública; David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del INAI, funcionarios de Sistema Anticorrupción y del Poder Judicial y de la FGR, coincidieron en alertar sobre lo que representa el fenómeno de la corrupción para la sociedad, especialmente para los grupos más vulnerables.
No sólo es el dinero público del cual se apropian los malos funcionarios públicos y los enriquece, sino que la corrupción tiene efectos directos que impactan a la población, porque al robarse los fondos públicos no se satisfacen las necesidades comunes de los mexicanos ni se resuelven sus problemas, lo cual perjudica más a quienes menos tienen.
Como ejemplo mencionaron que si por corrupción se desvían partidas presupuestales destinas a un sistema de agua potable en una comunidad, ese proyecto se encarece y no alcanzan los recursos para concluirlo.
Entonces es necesario tomar dinero de otras obras para terminarlo, o bien dejarlo abandonado, a medias, pues no alcanza para concluirlo. Así, “invariablemente, algún grupo de población se verá privado de un servicio o programa necesario para mejorar su nivel de vida, en esa comunidad o en otro pueblo, porque los fondos se fueron por el tubo de la corrupción”, advirtieron.
Más criminal resulta cuando los corruptos se roban el dinero de las medicinas y dejan a la población más pobre sin los servicios para atender su salud, como ha ocurrido desde hace décadas.
En el foro se criticó la lentitud con que se atienden las denuncias de corrupción, pues en los últimos años se han presentado miles de denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) y sólo un porcentaje mínimo ha terminado con sentencia condenatoria, lo cual alienta la repetición de los actos corruptos.
Los participantes se refirieron también a la participación del sector privado en la corrupción del sector público, de la que se benefician mediante contratos encarecidos, en perjuicio también de los grupos que no son atendidos por las autoridades, porque “el dinero público no alcanza para satisfacer necesidades comunes de la población cuando se lo roban los funcionarios”.
