*La llamada “pensión garantizada” significa que, al final, la pagará el gobierno.
GABRIEL L. VILLALTA
El debate sobre las pensiones de quienes se jubilarán con el nuevo sistema de cuentas individuales y sin cumplir las mil 250 semanas de cotización, omite deliberadamente un aspecto crítico del tema: en la propia ley, el gobierno federal quedó obligado a aportar fondos presupuestales para garantizar, al menos, a cada jubilado, un salario mínimo cuando se agoten sus ahorros depositados en las Afores. También garantizará ese nivel de ingresos a quienes sus depósitos no les permitan alcanzar la paga mínima legal.
Con la privatización del sistema pensionario las autoridades buscaron liberarse de desembolsos por pago de pensiones, cuyo modelo ejemplo fue el de Chile, pero no percibieron o fueron engañadas por los promotores de ese modelo pensionario, que los ahorros de quienes comenzaron a trabajar a partir de 1997 (a mediados del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León) serían insuficientes para garantizar ingresos siquiera del 40 por ciento del último salario del pensionado.
De acuerdo con un análisis de “El Espectador”, el error fue de origen, porque el modelo imitado por el gobierno mexicano había sido ya puesto en marcha desde noviembre de 1980 por la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet y su secretario del Trabajo y Previsión Social, José Piñera, bajo la influencia de la escuela de Chicago.
El régimen dictatorial y represivo chileno era enemigo encarnizado de los trabajadores y no le importaba perjudicarlos, pero aun en esas condiciones en México fue tomado como ejemplo por el gobierno zedillista. Dado su origen, los resultados no podían beneficiar a la clase trabajadora mexicana, cuyos dirigentes de entonces, como muchos ahora, sólo veían por sus intereses.
Durante 24 años el futuro de los asalariados mexicanos de la economía formal (peor es el de quienes laboran en la economía informal) no preocupó, salvo a algunos círculos académicos altamente calificados, pero de escasa vinculación con las masas asalariadas.
Ahora son los propios promotores y beneficiarios de la privatización del sistema de pensiones, basado en la capitalización de los ahorros de los trabajadores en cuentas individuales, con el abandono del anterior sistema solidario, quienes advierten del futuro sombrío de los asalariados a jubilarse con el sistema de pensiones privatizadas.
Las autoridades federales han dispuesto que, aun sin cotizar el anterior número de semanas para tener derecho a jubilarse, con solo cumplir la edad mínima -la cual también modificó el esquema anterior- ahora muchos serán pensionados.
El problema para las finanzas públicas consiste en que si sus fondos administrados por las afores se agotan o no alcanzan para recibir una paga mínima legal, el gobierno asumirá el costo de garantizar pensiones de al menos un minisalario (5 mil 186 pesos mensuales a partir de enero próximo) y seguirá pagándolas cuando se agoten los ahorros individuales en las Afores.
Un bajo ahorro en la cuenta individual ocasionará que, quién gana 10 mil pesos mensuales tenga sobrevivir con un ingreso pensionario equivalente al salario mínimo, y eso porque la legislación laboral no permite menos, de lo contrario, el monto sería mucho menor. La privatización del sistema pensionario resulta todavía más perjudicial para aquellos trabajadores que superan varias veces la paga mínima legal, pues una vez agotados los recursos de sus cuentas, tendrán que ajustar su nivel de vida a ese salario mínimo.
De todos modos, el gobierno acudirá en apoyo de los asalariados, explotados por las Afores, obligación de la cual supuestamente se había liberado al privatizar el sistema pensionario, como lo hizo en Chile el dictador Pinochet.
