*No todo el dinero de fideicomisos fomentaba la ciencia y tecnología.
De la redacción
La estridencia en las denuncias por la desaparición de diversos fideicomisos de carácter federal de este año y el anterior se redujo a su mínima expresión. Fue desvanecida al demostrarse que los fondos se manejaban en beneficio de los grupos caciquiles en cada actividad.
Como ocurrió con las protestas manipuladas en contra de la supresión del fideicomiso de las guarderías, las cuales cesaron en cuanto se comprobó había mucha corrupción de los dueños de éstas, quienes inflaban los padrones de pequeños para cobrar más, y que ahora los padres siguen recibiendo directamente el apoyo. Así pasa con los otros fideicomisos: comprobada su mala administración, se quedaron sin pretexto los reclamos.
El tiro de gracia a la manipulación lo propició el “Consorcio Centromet”, un claro ejemplo de la opacidad, discrecionalidad y ejercicio patrimonialista de los fondos públicos en México durante los 36 años de gobiernos neoliberales.
El titular del CONACYT desviaba dinero hacía su esposa.
Esto salió a relucir este último mes del año, con las protestas en contra de ese organismo, derivadas de la elección del nuevo titular del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche.
Este tipo de maniobras explica en mucho la resistencia que encontró el proceso de supresión de 109 fideicomisos del gobierno federal: ilegítimos intereses empresariales creados, de grupo e individuales, se beneficiaron de ellos por décadas, reveló la presidencia de la República.
El anterior titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Enrique Cabrero, transfirió en 2017 fondos públicos por 392 millones de pesos a una empresa privada, dirigida por su esposa Ana Díaz Aldrete, reconocida científica, pero quien no acreditó el buen destino de los fondos públicos que le entregó su cónyuge.
Los recursos salieron del fideicomiso denominado “Fondo Regional Institucional de Fomento Regional para la Ciencia y la Tecnología”; es decir, para financiar investigaciones en estos campos.
La empresa beneficiaria, “Consorcio Centromet” estaba vinculada, como se dijo, directamente con el anterior máximo mando del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero quien, además, resulta ser uno de los críticos más despiadados de la nueva política de financiamiento para investigaciones científicas, tecnológicas e innovación.
La actual titular del CONACYT, María Elena Buylla, informó se han presentado denuncias penales en los casos con fuertes indicios de corrupción, pero no precisó si entre ellos figura el de Enrique Cabrero y “Consorcio Centromet”, el cual dirigía y en menos de dos años desapareció su esposa.
INVESTIGADORES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS
CONACYT enfrenta también reclamos de prestigiadas universidades privadas, cuyos investigadores cobraban en el Consejo, y les fueron suspendidos los pagos. Otros investigadores más desarrollaban proyectos científicos para grandes empresas nacionales y extranjeras, pero sus sueldos los cubrían, al menos parcialmente en el Consejo.
Todos cobraban de los fondos públicos manejados por los fideicomisos, y que ahora administran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las dependencias que encabezan los sectores del Poder Ejecutivo Federal.
