*Fracasó su intento de destituirlo a 4 meses de haber asumido el cargo.
De la redacción
Con el apoyo de sus medios informativos, la oligarquía peruana no desiste del objetivo de mantener sus privilegios, en riesgo de perderse por las políticas de corte popular del nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo.
Su despropósito, intolerancia, rapacidad, racismo y clasismo es tan descomunal que, aun cuando el mandatario lleva 5 meses en el cargo, lo acusan de ser culpable de los contagios y muerte de decenas de miles de peruanos por la pandemia de Covid-19, la cual comenzó en ese país en marzo de 2020; es decir, más de año y medio antes de que Castillo asumiera el cargo.
Los grandes medios informativos impresos, electrónicos y digitales, propiedad de los miembros de esa oligarquía, sostienen una campaña de desprestigio, basada en mentiras, para debilitar al mandatario de país andino y generar las condiciones para asestarle un golpe militar, según analistas de los problemas de América Latina.
La oligarquía criolla de Perú, subordinada al capital extranjero, es de las más atrasadas de la subregión del continente. Es racista y clasista, y a la inminente pérdida de privilegios añade su intolerancia a que un maestro rural, pobre de padres analfabetos, como lo es Pedro Castillo los gobierne.
A escasos cuatro meses en el cargo, al mandatario peruano un grupo de diputados de ultraderecha le promovieron un recurso de “vacancia por permanente incapacidad moral”.
Buscaban con ello someterlo a juicio político, para su destitución, por presuntamente haber influido en ascensos de militares, algo que el mandatario ha negado en todo momento. No obstante, se trataba de sacarlo cuanto antes de la presidencia de la República.
La moción no alcanzó los votos suficientes en el Congreso peruano y no procedió el juicio político con fines de destitución, pero la maniobra evidenció los planes golpistas de la oligarquía, cuyos partidos políticos siguen aduciendo que Pedro Castillo ganó con fraude, a pesar de que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral declararon limpia y democrática su elección.
Castillo no podía cometer fraude, no sólo por su credo democrático, sino porque aun cuando hubiera querido, no disponía de condiciones para manipular la elección, pues no contaba con el respaldo de las autoridades para ello, ni con una estructura partidista fuerte (precisamente, su fragilidad ahora).
