*Incurre la FGJEM en abuso de poder en contra de quien denuncia concesión ilegal.
De la redacción
Fue un despropósito y un abuso de poder de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al criminalizar la actividad de un ciudadano quien durante años ha denunciado la corrupción de Aleática, antes OHL, denunció el diputado local Faustino de la Cruz Pérez.
El representante popular por Ecatepec criticó que la Fiscalía haya abierto la carpeta de investigación TOL/FAE/FAE//107/279921/20/11 en contra del abogado Paulo Díez Gargari, quien demanda que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) federal cancele a la empresa la concesión que, indebidamente, le otorgó el gobierno estatal para explotar el Viaducto Bicentenario.
La denuncia de Díez Gargari se basa en que una parte de esa vía urbana de comunicación de cuota está sobre terreno propiedad de la nación, y las autoridades estatales en tiempo de Enrique Peña Nieto como gobernador no debieron otorgar esa concesión.
El acusado de varios delitos ha demandado la aplicación de la ley a Aleática. Antes hizo lo mismo cuando la concesionaria se denominaba OHL, pero no ha recibido respuesta satisfactoria.
De la Cruz Pérez consideró que la FGJEM podría estar incurriendo en desacato, al desoír el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) que le ordena decline competencia en el caso de Díez Gargari.
El propio acusado sostiene que, por tratarse de terrenos de propiedad federal, deben ser las autoridades del fuero federal y no la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ni el Poder Judicial mexiquense quienes deben conocer y resolver el caso, porque no es del fuero común.
El legislador recordó que la propia FGR promovió ante un juzgado federal la incompetencia (falta de facultades constitucionales) del juez del fuero común que lleva el caso.
Y recalcó que lo que ha hecho el abogado Paulo Díez Gargari no es más que señalar la corrupción existente en la concesión a la empresa Aleática, por ello, al ser criminalizado, se está haciendo un uso faccioso de la Fiscalía General del fuero común. Lo señalado por el legislador podría, también significar una violación a los derechos humanos.
