PERSISTE LA CORRUPCIÓN EN
ESTADOS: COMBATIRLA ALLÍ
NO BASTA CON ERRADICAR LA CORRUPCIÓN EN
EL EJECUTIVO FEDERAL: HACERLO EN ESTADOS
En sólo 3 años la corrupción -ese fenómeno erosionador de las instituciones, y con efectos devastadores en las condiciones de vida de la población como la inseguridad pública y las desigualdades económica y social- ha sido reducida a su mínima expresión en el Poder Ejecutivo Federal. No obstante, persisten remanentes en los poderes Legislativo y Judicial; es decir, en el Congreso de la Unión.
Peor está la situación en los gobiernos estatales. En este ámbito institucional la situación sigue igual o peor que como estaba el 30 de noviembre de 2018. Hasta los grandes medios informativos de alcance nacional, acostumbrados a saquear el erario del gobierno federal, han encontrado en las autoridades estatales y municipales una fuente de ingresos más lucrativa que la presidencia de la República.
Eso explica el que, por ejemplo, los medios impresos y electrónicos no hagan escándalo ante el inexplicable enriquecimiento del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien tan solo el año pasado entregó a la prensa y periodistas 600 millones de pesos, según el presupuesto estatal correspondiente.
De la misma forma, ese da lógica al silencio, ocultamiento o soslayo de los destrozos presupuestales ocasionados por el perredista Silvano Aureoles Conejo en Michoacán, con el brutal endeudamiento del gobierno tarasco, pero con una gran generosidad para financiar a los medios informativos de cobertura nacional, especialmente a los opositores del gobierno del Presidente López Obrador.
Lo más pernicioso socialmente en los estados son los grandes negocios ilegítimos hechos entre empresarios y gobiernos, como lo han hecho siempre, pero especialmente en lo que va de este siglo. El catálogo de métodos y mecanismos son numerosos: renta de vehículos y sistemas de cómputo, compras de bienes y servicios y construcción de obras públicas con excesivos sobreprecios.
Los contratos para construir obras de infraestructura y dar servicio de mantenimiento, rehabilitación y conservación de carreteras son mecanismo de transferencia brutal de fondos públicos a cuentas bancarias de las empresas privadas, de lo cual el Estado de México es el mejor ejemplo, y evidencia la persistencia de la corrupción en los estados, con todo el impacto desastrosos en la sociedad.
Si esta situación no termina en las entidades federativas, el fenómeno seguirá causando estragos en las condiciones de bienestar de los mexicanos, a pesar de que se erradique del Poder Ejecutivo Federal.
De no acabar con la delincuencia organizada gubernamental en los estados, seguirá el enriquecimiento ilícito, las obras para servicios públicos e infraestructura pagadas con sobreprecio y de mala calidad, precisamente, por contratarse mediante mecanismos de corrupción que no permiten la supervisión de los trabajos. Por ello es estratégico erradicar la corrupción en los gobiernos estatales y municipales.
