*Por estatutos, varios partidos reciben dinero de sus funcionarios.
De la redacción
A menos de 17 meses para la jornada de votación para elegir gobernador o gobernadora mexiquense, las pugnas interpartidistas anticipadas prefiguran un escenario rijoso para el 2023. En ese marco debe ubicarse el caso de Texcoco.
Este periódico ha comentado la virulencia del diputado y coordinador de sus pares panistas en la 61 Legislatura Local, Enrique Vargas del Villar, confeso aspirante a la candidatura de la alianza PRI-PAN-PRD para el 2023, contra la bancada de Morena y a favor del mandatario Alfredo del Mazo Maza.
En el mismo escenario de la prematura lucha por obtener ventaja de cara a la elección de gobernante estatal se inscribe el rechazo de los legisladores morenistas al endeudamiento de 9 mil 500 millones de pesos que busca el gobernador Alfredo del Mazo, para lo cual se necesita la autorización del Poder Legislativo.
Hace un año los diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional autorizaron al gobernante de extracción priista contratar con dos empresas privadas la prestación de los servicios de rehabilitación, mantenimiento y conservación de carreteras del sur, que costarán más de 15 mil millones de pesos en 12 años.
Las condiciones del contrato son gravosas para las finanzas estatales, porque este tipo de servicios, al igual que la renta de infraestructura para la prestación de servicios, como el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, son mecanismos para el saqueo del erario, como lo ha denunciado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, los diputados de Morena, que en la anterior Legislatura fueron mayoría y con sus aliados, mayoría calificada, gustosos votaron a favor de ese contrato, en una posición colaboracionista, contraria a la asumida frente a la solicitud de autorización legislativa para el crédito de 9 mil 500 millones de pesos.
Es decir, en un año preelectoral los legisladores morenistas se preocupan por evitar endeudamiento, lo cual no les importó lo más mínimo en el caso del contrato para atender carreteras en el sur, ello robustece la hipótesis de que todo se está procesando en la estrategia partidista para el 2023.
Otro acto claramente electorero y no justiciero, es la multa a Morena por más de 4 millones de pesos por descuentos que hizo el ayuntamiento de Texcoco a empleados, cuando lo encabezó Delfina Gómez, hace más de 6 años.
Ese problema fue ventilado en 2017, cuando la ahora titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) era candidata a gobernadora, y ahora lo volvieron a reactivar con la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), justamente cuando se menciona a la funcionaria federal para volver a ser candidata a la gubernatura. Todo está determinado por lo del 2023. Muchos partidos, por estatutos pueden recibir dinero de sus funcionarios público.
