*Existen 3 centros de identificación humana y crearán uno nacional: grave crisis.
De la redacción
El número de personas desaparecidas y no localizadas sigue creciendo en México, y al finalizar el 2021 superaban los 95 mil, en una grave crisis humanitaria. La situación se agudiza porque hay más de 52 mil cuerpos en fosas comunes y morgues sin identificar, reveló Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El funcionario federal reconoció se trata de una crisis de derechos humanos, a la cual no le prestaron atención los anteriores gobiernos. “La búsqueda de personas, una responsabilidad del Estado Mexicano, se la dejaron a los familiares de las víctimas”, criticó, y ante la gravedad de la situación, anunció la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana. Ya existen tres en Saltillo, Coahuila; San Luis Potosí, capital del estado del mismo nombre; y en Altamira, Tamaulipas.
Tan sólo identificar los cuerpos representa por sí un reto descomunal, pero se abordará con el uso de tecnología de punta en materia genética, de la cual antes no se disponía en el país, por ello las pruebas para identificar cuerpos a partir del ADN de familias tenían que enviarse al extranjero, recordó Encina Rodríguez.
La defensa y protección de los derechos humanos es una prioridad para el actual gobierno federal, por lo cual en tres años ha destinado un gasto de 6 mil 103 millones de pesos para fortalecer las comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas, crear las centro de identificación humana, los 56 centros de justicia para mujeres, apoyar las aleras de violencia de género y financiar el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas.
Lamentó que todavía las autoridades de las entidades federativas no destinen fondos suficientes para atender el problema, pues 90 por ciento de los recursos presupuestales para este fin son aportación de la federación.
ACLARA PRESUNTAS IRREGULARIDADES
Una reportera denunció que en el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas hay alta corrupción; que esa situación la generan empresas privadas vinculadas a Genaro García Luna, las cuales colaboran en el mecanismo; y que un funcionario de la SEGOB ha excluido del programa a periodistas.
Encinas le aclaró que hay una sola empresa contratada y se le investigó y se verificó que no tiene vínculos con el ex secretario de Seguridad, preso en Estados Unidos; así mismo, informó, la incorporación o baja del mecanismo no lo decide un funcionario, sino una comisión de evaluación. La denunciante dijo que es periodista de investigación, pero lo que investigó en este tema fue desmentido en su presencia.
