*Buscará el alcalde Raymundo Martínez negociar el caso de las patrullas.
De la redacción
Como alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez utilizó el principal mecanismo usado por los gobiernos neoliberales para transferir fondos públicos a cuentas privadas; es decir para saquear las arcas públicas, y que ha sido tan criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador: la renta de activos para la prestación de servicios públicos básicos, en este caso municipales.
El ex panista, quien llegó al cargo por segunda ocasión en 2018, esta vez apoyado por Morena, no sólo rentaba vehículos para patrullas policiacas, sino también camiones para el servicio de recolección de basura y equipos de cómputo.
Por si fuera poco, inexplicablemente dejó de pagar el alumbrado público y el consumo de energía eléctrica de 70 inmuebles públicos. Acumuló una deuda de 70 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con información obtenida en el ayuntamiento.
En los últimos meses de su gestión como presidente municipal de Toluca, asiento de los poderes estatales, la población padeció por la deficiencia del servicio de recolección de basura doméstica y en el servicio de seguridad pública, a pesar de que el ayuntamiento rentaba 500 vehículos para la vigilancia.
“Había más patrullas que patrulleros”, reveló una fuente del cabildo, por lo cual era normal ver vehículos policiacos parados frente a los módulos de seguridad o “Tecallis”, pero de todos modos, aun sin circular, la comuna pagaba la renta a una empresa particular.
En el caso de los camiones recolectores de basura, eran 49 los rentados o que decían se rentaban, lo cuales fueron recogidos por el dueño antes de que Juan Rodolfo Sánchez Gómez terminara su período.
Fue de conocimiento público lo de la renta de las patrullas, por las cuales se pagaron 3 veces el monto que hubiera significado comprarlas nuevas, pero se ignoraba que también el ayuntamiento encabezado por el ex panista y después respaldado por Morena utilizara camiones del servicio de limpia propiedad de un particular.
Dos de los servicios básicos eran prestados por vehículos rentados a empresas, pero si ignoran las condiciones exactas de los contratos. Se conoce que eran onerosos para el gobierno municipal.
Los vehículos policiacos están en poder la empresa que los rentaba, concentrados en un predio ubicado en el sur de la ciudad, en la delegación de Cacalomacán, después de que se canceló el contrato correspondiente.
No obstante, la compañía propietaria aduce que el cabildo que encabezó Sánchez Gómez le quedó a deber 250 millones de pesos por meses de renta, y busca se los pague el nuevo ayuntamiento.
El nuevo cabildo buscará llegar a un acuerdo con la empresa dueña de los vehículos policiacos, para resolver el adeudo, pero partiendo del hecho de que ya se cubrió un alto monto durante la vigencia del contrato, y de que se trata de unidades usadas, depreciadas, no nuevas, adelantó la fuente.
