De la Redacción
Julia Carabias, quien fuera secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de Ernesto Zedillo, dijo no recordar si ella autorizó la concesión para explotar materiales para a construcción a centenares de metros del mar caribe, en Quintana Roo, a finales de noviembre del año 2000, a unos días, o el último día, del fin del sexenio y de que ella dejara el cargo.
Explicó que desde las décadas de los ochenta en la zona se autorizaron concesiones diversas, pero se trató de permisos estatales; es decir, ilegales. Posteriormente señaló que, de haber sido efectivamente otorgado el permiso por la dependencia que encabezó, éste se abría apegado a las leyes vigentes en el momento.
Carabias, entonces esposa de José Woldenberg, quien encabezó el primer IFE, es ahora activista de las causas ambientalistas, y la concesión para explotar la citada mina le está ocasionando muchas críticas. Es, desafortunadamente para ella, de los pocos ejemplos en los cuales se conocen las consecuencias nocivas para la sociedad y, en este caso para el ambiente, de las decisiones de altos funcionarios del pasado y esto se convierte en una carga que deben soportar.
A Carabias la alcanzó su pasado, pero bueno sería que no se trate de la única, porque como lo ha señalado López Obrador respecto a la actuación de los funcionarios de su gabinete: el responsable final es el presidente.
