De la Redacción
Hasta el 4 de septiembre del año pasado el Estado de México tuvo un gobierno compartido (ojo, no confundir con cogobierno), en el cual el PRI tenía en sus manos el Poder Ejecutivo, en tanto Morena y sus aliados opositores, el Legislativo.
Los votante pusieron formalmente fin a ese gobierno compartido, al dejar de apoyar a muchos candidatos y candidatas morenistas a legisladores locales, pero en realidad el partido guinda siempre fue colaboracionista y no logró que el Ejecutivo fuera eficaz, transparente ni honesto en el ejercicio del gasto público estatal.
Al finalizar este año, el presupuesto ejercido por el gobierno priísta habrá acumulado un billón 700 mil millones de pesos en 5 años. En este tiempo la bancada morenista habrá estado cuatro años al frente del congreso, durante tres pudo fiscalizar a fondo el gasto, pero no lo hizo.
Los legisladores locales mexiquenses de Morena, de la anterior legislatura, a pesar de que controlaron al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) nunca encontraron actos de corrupción en la aplicación de esos cuantiosos fondos públicos, prueba de su incapacidad para fiscalizar o de complicidad con el Ejecutivo.
Los diputados morenistas, especialmente los que lograron mantenerse en su curul, ahora se presentan como radicales opositores frente al Ejecutivo, pero carecen de fuerza numérica para prevenir y sancionar la corrupción. Desaprovecharon los tres años que, con sus aliados, fueron mayoría calificada, y ahora no tienen los votos legislativos necesario para aprobar leyes ni mucho menos vigilar el uso y destino que a los fondos presupuestales les da el gobernador Afredo del Mazo Maza.
