*El Sistema Anticorrupción estatal reformó la legislación penal, que blindó a EAV.
De la redacción
Con la derogación de todo el catálogo de modalidades del delito de corrupción del Código Penal estatal, y con la disposición legal de que sólo los procesos penales en marcha antes del cambio seguirían tramitándose con la legislación derogada, todos los funcionarios no denunciados penalmente hasta el 31 de mayo de 2017 quedaron automáticamente exonerados, según un análisis de “El Espectador”.
No podían fincarse cargos por los delitos derogados y los del nuevo catálogo tampoco podían aplicárseles por el principio constitucional de la no retroactividad de la ley. De esta forma el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas, sus colaboradores y todos los servidores públicos de elección popular o designación de los poderes estatales, ayuntamientos, órganos autónomos y organismos auxiliares quedaron libres de cualquier riesgo de ser acusados por delitos de corrupción cometidos hasta el 31 de mayo de 2017.
Esa Legislatura Local, la segunda del sexenio de Ávila Villegas, al aprobar esos cambios, en el marco de la creación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, implícitamente otorgó impunidad, protección a los corruptos y una especie de amnistía para todos los servidores públicos de todas las instituciones estatales.
Como se destacó en el anterior número de “El Espectador”, por esos cambios, el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios “nació muerto”, y sigue así, porque no ha sido capaz de encarcelar a un solo alto funcionario corrupto.
Lo que casi nadie recuerda es que la impunidad a Eruviel Ávila Villegas, sus colaboradores y a todos los funcionarios de elección popular y designación de los tres poderes estatales, municipios y organismos autónomos y auxiliares fue aprobada también por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Sus diputados locales integraban un reducido número en la representación popular de la segunda mitad del sexenio del gobernador Eruviel Ávila Villegas, y votaron a favor de esa reforma a la Constitución y leyes secundarias del Sistema Anticorrupción estatal.
Entre esas leyes secundarias modificadas por los diputados locales, incluyendo a los de Morena, destacó el Código Penal del Estado de México, en un grave e irreparable error histórico, que condujo a la entidad mexiquense a la cruel paradoja de que su Sistema Anticorrupción dio impunidad a los corruptos.
Esos cambios favorables a quienes perpetraron actos de corrupción hasta mayo de 2017 no pueden revertirse, porque aun cuando se restableciera el anterior catálogo de modalidades y tipos del delito de corrupción, no tendrían efectos retroactivos.
Se explica que los diputados locales del PRI de ese tiempo hayan obedecido consignas, porque así se estilaba cuando la Legislatura Local parecía una dependencia del Poder Ejecutivo Local, pero no hay explicación, ni justificación en el caso de los diputados de Morena, partido que entonces tenía tres años de fundado y nació con la bandera de la lucha contra la corrupción, pero aquí votó a favor de darle impunidad a los corruptos.
