*Comisión Reguladora de Energía autorizó generar el triple de la energía que se necesita.
GABRIEL L. VILLALTA
Le reforma constitucional del 2013, impuesta por intereses económicos extranjeros y nacionales al presidente Enrique Peña, pulverizó la letra y espíritu social de la Constitución de 1917 en materia de energía eléctrica, al permitir se privilegiara el lucro de empresas privadas sobre la obligación del Estado de brindar el servicio a la población de bajos ingresos.
“El rediseño constitucional se construyó para permitir el saqueo a la sociedad y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por parte de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, y estableció el pago de tributo y el despojo”, sostuvo Alberto Montoya Martín del Campo, titular de la Comisión de Mejoras Regulatorias.
Al participar en uno de los foros de parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados Federal sobre el tema, demolió los argumentos falsos de los representantes de la iniciativa privada y cabilderos de los generadores privados de energía eléctrica, quienes sostuvieron que la reforma encarecería la luz, ocasionaría “apagones”, ahuyentaría capitales en el sector, dañaría el ambiente y crearía un monopolio, acabando con la libre competencia.
Conocedor a fondo y estudioso del tema, sobre este último argumento aclaró que la reforma constitucional dejará en manos de la iniciativa privada la generación de 46 por ciento del mercado de energía eléctrica. La propia Comisión Reguladora de Energía (CRE) fue planeada para el mismo fin. Otorgó concesiones para generar energía eléctrica para 134 megawatts, cuando la demanda es de 47 megawatts; es decir, el triple de la necesaria.
El 46 por ciento del mercado mexicano de la luz (como se le conoce popularmente) en manos privadas, representa una población como la conjunta de Argentina y Chile; es decir, los mexicanos que recibirán energía eléctrica de los generadores particulares suman tantos como todos los argentinos y chilenos.
En sus diversas intervenciones y a respuesta de pregunta de diputados, Montoya Martín del Campo insistió en que la reforma energética de 2013 (aprobada con sobornos a legisladores) buscaba desaparecer a la CFE y dejar todo el mercado en manos de corporaciones privadas nacionales, pero especialmente extranjeras.
La propia obligación de pulverizar a la CFE en seis empresas, sobre cuya administración el director general no tiene injerencia, ni facultades para decidir políticas, forma parte del diseño de destrucción de la empresa pública y del obligado tributo de los mexicanos a empresas nacionales y extranjeras de la industria eléctrica, insistió el titular de la Comisión de Mejoras Regulatorias.
